Los dos funcionarios del Hospital Juan XXIII, el médico Roberto Gumiel y la enfermera Avelaida Romero, fueron imputados ayer por el Ministerio Público. El primero por homicidio culposo y la segunda por encubrimiento, en el caso Alexander.
"Ayer recibimos la notificación. El médico fue imputado por homicidio culposo y la enfermera por encubrimiento”, informó su abogado defensor, Sergio Pérez.
La audiencia de medidas cautelares se realizará hoy en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal. La jueza Lía Cardozo -la misma que dictó tres detenciones preventivas y al menos cuatro domiciliarias contra los otros imputados por el mismo caso- será quien decida la situación legal de ambas personas.
Gumiel y Romero atendieron a Alexander en sus últimas horas de vida, el 13 de noviembre, después de que lo derivaron desde el Hospital del Niño, porque allí no tenían espacio en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
La tarde del miércoles el pediatra y la enfermera fueron aprehendidos, les tomaron sus declaraciones informativas y se los envió a celdas de la FELCC.
En la Resolución de la Aprehensión se señala que la forense que revisó a Alexander, que aún vivía, advirtió un "peligro inminente para la vida de la víctima” y sugirió "una valoración urgente por especialidad de cirugía pediátrica”. Este aspecto fue ratificado por el forense que practicó la autopsia al cadáver del pequeño.
"Lo que conlleva a presumir que no hubo una atención óptima y oportuna para salvar la vida de este bebé, a sabiendas de que este niño necesitaba intervención quirúrgica inmediata”, se sostiene en la resolución y se añade: "la parte sindicada, a sabiendas que el niño necesitaba intervención médica, ha mantenido a la víctima más de ocho horas, sin haber remitido a un hospital u otorgado tratamiento, concluyendo este hecho con la muerte del mismo”.
La directora del hospital, Pilar Cabero, defendió a su personal y argumentó que se hizo todo lo posible por salvar la vida de Alexander, "prueba de ello es que sobrevivió a tres paros. Pero por su estado no estaba en condiciones de ingresar a cirugía”. La pena por la comisión de un homicidio culposo es de seis meses a cinco años de prisión; por encubrimiento es de seis meses a dos años.
Otra enfermera declara por el caso
La tarde de ayer una enfermera del Hospital Juan XXIII fue citada a la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para prestar su declaración sobre el caso Alexander.
"Tenemos información de que una enfermera se encuentra en dependencias de la FELCC prestando su declaración”, declaró ayer el abogado Sergio Pérez.
Hasta el cierre de esta sección (19:00) se informó que la funcionaria no estaba aprehendida.
Se trata de la segunda enfermera del Juan XXIII, después de Avelaida Romero, que fue citada a brindar información sobre la atención que se le brindó al pequeño de ocho meses la mañana del 13 de noviembre, día en que falleció.
La directora del centro médico, Pilar Cabero, expresó ayer la preocupación que siente todo su personal por la situación de los dos imputados. "Todos estamos en estado de alerta y esperamos que las actuaciones se realicen como corresponda”.
Pérez expresó su confianza en que los fiscales "se enmarcarán en la ley”.
El gobernador se abstiene de declarar por "respeto a la Fiscalía”
El gobernador de La Paz, César Cocarico, se negó ayer a brindar su informe oral ante la comisión especial de la Asamblea Departamental, que sigue el caso del bebé Alexander, por respeto al trabajo de la Fiscalía.
"No podemos ir a la Asamblea Departamental a emitir criterio que probablemente pueda entorpecer la investigación o tergiversarla. Todos debemos ser respetuosos del Ministerio Público, por esta razón no asistimos a la convocatoria”, declaró la autoridad.
Añadió que la Fiscalía emitió un requerimiento para que "cualquier entidad que hacía o comenzaba una investigación detenga cualquier acto”.
Cocarico consideró que cualquier información sobre un hecho delictivo debe darse únicamente a la instancia señalada y que a la comisión especial sólo puede brindar información administrativa.
La asambleísta Vilma Magne sostuvo que la comisión especial seguirá con su trabajo "fiscalizador”, a pesar del mencionado requerimiento. "Creo que el gobernador se confunde y olvida que hay una instancia fiscalizadora”.
Magne añadió que se buscará la manera de interpelar a la primera autoridad del departamento porque no puede desacatar las normas.
Cocarico espera que se levante pronto "la reserva” que mantiene la Fiscalía en el caso Alexander para recibir información de los avances en la investigación, aunque comprende que el motivo de esa "reserva” es para "cuidar el honor” y "no dañar la imagen del bebé”. "Porque hay personas que hablan cosas que no corresponden a la realidad, dañando la buena imagen del bebé”, dijo. Pero días después del deceso del bebé Cocarico salió a los medios a negar rotundamente que en el Hogar Virgen de Fátima no ocurrió la violación
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