Las autoridades ejecutivas de la Caja Petrolera de Salud aseguraron ayer en una conferencia de prensa, que la institución no presenta ninguna “quiebra”, anunciaron proceso penal para el diputado opositor de Unidad Demócrata, Felipe Dorado, quién anunció déficits en la entidad de salud.
Según los ejecutivos, a la cabeza de su director general Víctor Hugo Villegas, al asumir el compromiso de dirigir la CPS, se determinó priorizar la lucha contra la corrupción y no injerencia política, en el marco de un estricto apego a la ley.
El pasado 6 de julio, Dorado denunció, con informes oficiales, sobre un significativo crecimiento de los gastos y la reducción de 135 empresas cotizadoras, cuyo dato proyectaba una quiebra hasta el 2020.
Además, el diputado de Unidad Demócrata observó la paralización de algunas obras por crisis financiera. Aseguró que para este año ya se tienen menos 125 millones de bolivianos en caja y bancos; y con ingresos que apenas le alcanzan a cubrir sus necesidades. El 2017 tendrá menos 57 millones; en 2018 menos 107 millones; en 2019 menos 174 millones y finalmente en 2020, serán menos 267 millones.
SUSPENSIÓN
Mientras los ejecutivos de la Caja de Salud sostienen que la suspensión de obras en algunas regiones no es por falta de recursos, sino porque se detectaron actos de corrupción en los procesos de adjudicación y ejecución, y que están en curso auditorías para determinar el daño económico.
El jefe nacional de los Médicos, Alberto Morales, informó que la Caja cuenta con un activo de Bs 2.439.202 y un pasivo de Bs 900.977.646, y un patrimonio de Bs 1.538.224.620, por el cual no existe ninguna posibilidad de quiebra de esta institución.
Asimismo, el director nacional de Recursos Humanos, Roberto Quiroz, anunció un juicio contra el diputado Dorado, por dar a conocer información equivocada sobre la institución.
Según los directivos, la Caja Petrolera muestra una liquidez de 4.04 mayor a 1. Los ingresos y egresos al 31 de mayo de 2016, muestra un excedente de Bs 27.4 millones.
BAJA INVERSIÓN PÚBLICA
Además el director administrativo aseguró que no se puede evaluar la totalidad de una gestión, en tanto no concluya el año que transcurre; frente a lo cual, surgen apreciaciones tendenciosas que pretenden generar desprestigio a la CPS.
Las obras suspendidas en su ejecución se deben por haberse detectado hechos de corrupción, identificados en los procesos de adjudicación y ejecución, cuyas observaciones están sujetas a informes de peritos para determinar con exactitud el daño económico inflingido a la CPS.
Esa situación no supone la extinción de las obras programadas, mismas que continuaran una vez que se adecuen a derecho y se salven las observaciones; para lo cual se trabaja en las auditorias y procesos correspondientes.
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