Bolivia pide devolución de $us 2,2 millones y disolver contrato del 'caso respiradores'

Todavía hay tela que cortar en el caso de los 170 respiradores con presunto sobreprecio adquiridos por el Estado boliviano para atender la emergencia sanitaria del coronavirus. El asunto"aún no se ha cerrado", de acuerdo al ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, quien explicó que se pidió la devolución de dinero y disolución de contratos. Además, se estima que habrá nuevas acusaciones hacia los implicados.

La autoridad especificó que se pidió la devolución del pago por adelantado de $us 2,2 millones por la adquisición de estos equipos, además de romper con los acuerdo firmados con la empresa española GPA Innova y la intermediaria IME Consulting Global Services Sociedad Limitada.

Vale recordar que ante la crisis sanitaria y para atender a los enfermos críticos de Covid-19, el Ministerio de Salud acordó la adquisición de dichos respiradores por un valor de $us 4,7 millones, tema que desató polémicas al evidenciar que estos equipos no eran los adecuados para los enfermos graves, además de que estarían con supuesto sobreprecio.

Tras conocerse estos datos, el Gobierno determinó paralizar el proceso de adquisición e iniciar un proceso legal en contra de los posibles responsables; en medio del entuerto legal, también se hizo conocer al Estado que la proveedora no podrá cumplir con la entrega de accesorios adicionales de los equipos.

Según Coimbra, la fábrica reportó a la empresa que vendió los aparatos (la intermediaria IME Consulting) que no va a poder cumplir con algunos ítems, más allá del proceso penal. Por ello es que se ha pedido disolver el contrato y a cambio Bolivia devolverá los respiradores que llegaron en meses pasados.

En mayo, el Gobierno denunció esta irregularidad ante la Justicia, y en el marco de la investigaciones se determinó la detención preventiva del ex ministro de Salud, Marcelo Navajas; y el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco. Además, hay otras personas recluidas por este tema.

Al respecto, Coimbra afirmó que el proceso judicial continúa y que incluso se amplió la denuncia en contra de los representantes legales de la empresa española, es decir, los intermediarios.

"Entendemos que en las próximas semanas, máximo en 15 días, van a salir las acusaciones en contra de todas las personas que han sido denunciadas", afirmó la autoridad.