El Tribunal de Ética dispuso la suspensión por tres años de la matrícula al galeno Aldo Quino, detenido en el penal de San Pedro, acusado por el caso de tráfico de pacientes con cáncer entre el Hospital de Clínicas y el Hospital Obrero. La información oficial será dada a conocer la próxima semana, informó a EL DIARIO, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.
En tanto, Virginia Salgado, abogada de Teodocia Sonko, una de las principales víctimas del radiólogo, señaló que su cliente no se presentó en el Colegio Médico pero la medida fue asumida por la trascendencia del caso donde se han confirmado múltiples víctimas sobre cobros y tratamientos incompletos que les realizaron y ahora generan graves complicaciones en la salud de las pacientes.
TRIBUNAL DE ÉTICA
“El caso ya ha sido analizado por el Colegio y el Tribunal de Ética porque a denuncia de los pacientes se va a tomar una decisión la siguiente semana”, afirmó Larrea.
Según el detalle, son tres denuncias las que llegaron al Colegio Médico, donde se indica que Quino captaba pacientes en su consultorio privado, cobrando elevadas sumas por un tratamiento de radioterapia que no dio o interrumpió, con la agravante de que los mismos eran aplicados en hospitales estatales.
En ese sentido, de forma preliminar se mencionó que el Tribunal de Ética podría suspender por al menos tres años la matrícula de Quino, quien no podrá practicar la medicina en ninguna entidad privada o estatal, al menos no con el aval del Colegio Médico.
ANTECEDENTES
Al momento, Quino se encuentra detenido en el penal de San Pedro desde el 23 de mayo, imputado en el caso de tráfico de pacientes con cáncer en el Hospital Obrero. Asimismo, aún está pendiente la audiencia cautelar por el segundo proceso abierto por las mismas irregularidades, pero en el Hospital de Clínicas.
Es en este segundo proceso, donde Salgado anunció que su cliente decidió ampliar su denuncia y que el mismo sea procesado por siete delitos.
Por el Hospital Obrero, Quino fue procesado por incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes del Estado, uso indebido de influencias y delitos contra la salud pública.
La abogada explicó que se decidió ampliar los delitos, primero porque se ha verificado el deterioro de la salud de su cliente y la falta de reflexión por parte del médico que hasta la fecha se negó a emitir el diagnóstico del tratamiento que aplicó a su cliente y devolver el dinero que recibió como adelanto.
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