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miércoles, 31 de mayo de 2017
Aníbal Cruz: “Hay ciudadanos de primera y de segunda”
Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia, habló sobre el fallo judicial que frenó la protesta.
¿Cómo califica el fallo de la Sala Civil Primera de La Paz que deja sin efecto el paro?
El defensor del Gobierno, mal llamado defensor del pueblo, hizo una acción popular y la Sala Civil de La Paz ordenó al Colegio Médico de Bolivia y a sus afiliados no realizar paros, por lo tanto es una sentencia vinculante. Este fallo molestó al Colegio Médico, porque es un precedente funesto para la democracia porque se está coartando el derecho a la protesta y a la huelga, que está normado en la Constitución Política del Estado. Nos preguntamos: ¿dónde estaba el defensor del pueblo cuando las seis federaciones bloquearon durante 15 días y cuando el Colegio Médico pidió al Defensor del Pueblo que sea nuestro garante antes de que ocurran los paros?. Por qué no actuó?. Ahora se ve que actúa deliberadamente en defensa del Gobierno.
¿Por qué dice defensor del Gobierno. Ustedes no se sienten representados?
Nos sentimos amenazados por el defensor del pueblo, porque está siendo utilizado para amedrentar a la clase médica y a la clase profesional. En este país hay gente de primera y de segunda clase; los profesionales deberíamos cambiar nuestro título por un cato de coca para ser ciudadanos de primera. En esas circunstancias, nuestras bases están muy preocupadas por el trato discriminatorio que da el Gobierno al dictar normas que penalizan y persiguen al cuerpo médico, por lo que ahora no-sotros (los médicos) estamos en un estado de indefensión.
Se ha conformado un Comité de Defensa de la Salud, que está integrado por los diferentes sectores profesionales y los sindicatos y que tiene como objetivo llevar adelante las negociaciones con el Gobierno.
Frente al fallo, ¿qué otras acciones realizarán?
El Colegio Médico de Bolivia está presentando una denuncia internacional contra el defensor del pueblo boliviano ante el Defensor del Pueblo de Latinoamérica y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque está vulnerando nuestros derechos y el derecho constitucional a la defensa y la protesta.
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