La reducción de los índices de mortalidad materna y neonatal constituye un desafío de primer orden en la agenda de salud del Gobierno, aseguró la ministra de Salud, Ariana Campero, al iniciar las actividades del Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal.
La mortalidad materna y neonatal en Bolivia es la más alta de América Latina y “constituye una deuda histórica no resuelta por el actual Gobierno”, admitió la autoridad.
Según los datos oficiales, en 2001 murieron 538 mujeres por complicaciones del embarazo, parto y posparto, es decir, que la razón de mortalidad materna fue de 160 por 100 mil nacidos vivos, aunque las proyecciones para 2015 del monitoreo de la situación de niños y mujeres de la Cepal y Unicef señalan que supera los 180 por 100 mil nacidos vivos.
Las mujeres mueren mayormente por hemorragias (37 por ciento), hipertensión (19 por cieto), abortos (13 por ciento) e infecciones (7 por ciento). Estas muertes contribuyen a incrementar las cifras de la mortalidad neonatal, 8.000 por año, por infección, asfixia y prematurez.
“Nos hemos planteado un plan de reducción de estos índices tan elevados de mortalidad y, entre otras medidas, uno de los desafíos es crear una plataforma multidisciplinaria para el monitoreo de las acciones que vayamos adoptando”, anunció la ministra Campero.
Dijo que este desafío es una cuestión de justicia social porque “las mujeres que mueren son mayoritariamente del área rural, son jóvenes, tienen baja escolaridad y altos niveles de pobreza”. El 40 por ciento de las muertes maternas ocurren en el momento del parto o cesárea, el 30 por ciento en el embarazo y el restante 30 en el posparto.
OBSERVATORIO INTERINSTITUCIONAL
El Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal conformado en alianza con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), será la instancia encargada de analizar las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que impactan en la salud materna y neonatal. Según el convenio de cooperación institucional firmado entre la ministra de Salud, Ariana Campero, y el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, funcionará bajo la coordinación institucional del posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES-UMSA) y “llevará a cabo estudios e investigaciones en el marco del enfoque de los derechos sexuales y reproductivos.
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