Tarija La burocracia perjudicó avances en la ejecución del Oncológico

Enredos burocráticos impidieron que a lo largo de seis meses la Gobernación no consiga que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) ratifique el convenio de construcción del Hospital Oncológico entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el ejecutivo, por lo cual no empezó la construcción de este nosocomio de cuarto nivel. Ahora el contrato con la empresa Conbolat, supervisora, fue rescindido y esta importante obra ha quedado en el limbo.
La ratificación del convenio la establece el artículo 5º de la Ley 492 del Estado Plurinacional de Bolivia del 25 de enero del año 2014.
El caso es que en agosto del año 2015, la Gobernación pidió a la supervisora Conbolat que renuncie al anticipo para viabilizar el proyecto, y como ente contratante iba a subsanar la ratificación del convenio, a lo cual accedió la empresa.
Pero, según la asambleísta departamental, Reyna Vaca, la ratificación del convenio de la construcción del Oncológico nunca entró al pleno de la Asamblea para ser tratada.
Como las leyes son de carácter obligatorio, mientras no se tenga la ratificación del convenio no se puede cancelar planillas.
Conociendo esa situación, la Gobernación dio la orden de proceder a la supervisora, en fecha 17 de agosto del año 2015.
Pero, Conbolat, según arguyeron sus representantes, suspendió el servicio por la no entrega de la documentación aprobada, planos de construcción aprobados y la denominada línea nivel otorgada por la Dirección de Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal de Tarija, planos aprobados de los servicios básicos, licencia radiactiva, entre los principales.
En ese sentido, el representante legal de la empresa Conbolat, Rodrigo Alcoba, indicó que cuando la Gobernación le dio la orden proceder, como parte de sus actividades movilizaron a profesionales nacionales e internacionales, que son entendidos en oncología.
Pero cuando presentaron la planilla número uno por los trabajos avanzados el 6 de octubre de 2015, no se hizo la cancelación en ese momento ni se canceló hasta el día de hoy, pese a que tenían la factura presentada el 11 de noviembre del mismo año y declarada el 14 de diciembre.
Por eso la empresa decidió presentar la intención de resolución de contrato, y según Alcoba, esta determinación es por causales atribuibles a la entidad contratante, principalmente por incumplimiento del pago, por tener el servicio suspendido de supervisión, y por no efectuar el documento administrativo que corresponde para la adición de los nuevos alcances para el nuevo diseño.
Entre tanto, el director de Infraestructura de Obras Públicas de la Gobernación, Fabricio Cáceres, indicó que la empresa no terminó los diseños en los plazos establecidos, y mientras no tengan los diseños terminados no se puede empezar con los trabajos de construcción del Oncológico.
Alcoba indicó que no se terminó porque la entidad contratante no saneó la documentación del proyecto, que es indispensable, y por lo cual se suspendió el servicio de supervisión, además porque no les cancelan por los trabajos realizados.
El País eN accedió a la carta que envió la secretaria de Gestión Institucional, Fabiana Paz, dirigida a la empresa supervisora, donde indica que no se ha hecho la entrega del cheque por concepto de pago de planilla de avance, porque el convenio entre la UPRE y la Gobernación no fue ratificado por la ALDT.
Al cierre de esta edición se conoció que la Gobernación rescindió el contrato con la supervisora Conbolat. La empresa anunció que iniciará un proceso al ente ejecutivo por daños y perjuicios y además, pedirán intereses por el monto económico que les adeudan.

Ley establece la ratificación de convenios

La Ley 492 del Estado Plurinacional de Bolivia del 25 de enero del año 2014 establece en su artículo quinto que el nivel central del Estado podrá suscribir acuerdos o convenios intergubernativos con los gobiernos autónomos, los cuáles entrarán en vigencia una vez suscritos por la autoridades competentes del órgano ejecutivo del nivel central del Estado, y ratificado por los órganos deliberativos de los gobierno autónomos.