Al menos cuatro centros privados de salud están implicados en el caso de desvío de insumos en el Hospital Obrero donde se realizaban análisis de pacientes que no pertenecían o estaban asegurados en la Caja Nacional de Salud (CNS). Según información de la Policía al que accedió EL DIARIO, estos centros aún no son investigados.
El pasado 31 de octubre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó un operativo en el que arrestó a 14 personas y se procedió a la incautación de una serie de documentos y material químico, muestras biológicas y equipos de computación.
De las 14, seis personas fueron imputadas y sometidas a medidas cautelares de las cuales solo tres están en la cárcel y las demás se beneficiaron con medidas sustitutivas.
Entre las detenidas en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) están las principales implicadas, la exjefe del Servicio de Patología de este centro médico, Martha Calderón, y las técnicos de laboratorio Kathusia Alfaro y Virginia Apaza.
La hipótesis del Ministerio Público señala que Calderón junto a todo el equipo del Servicio de Patología y protección de sus superiores, en los laboratorios de citología del Hospital Obrero, realizaba análisis de pacientes que no pertenecían a la CNS.
PRIVADOS
El mayor Fernando Guarchi informó que hasta la pasada semana se ha cumplido con la citación de otros funcionarios del Hospital Obrero que, se presume, trabajaban bajo las órdenes de Calderón y con los que, al parecer, en mayo, destruyeron pruebas y formatearon el disco duro de uno de los equipos de Calderón, antes de que la Unidad de Transparencia de CNS intervenga el Servicio de Patología, dejando sin pruebas una primera denuncia.
Pero en el operativo realizado el 31 de octubre, se verificó que los funcionarios continuaban realizando análisis de pacientes externos.
De lo colectado, se ha revelado que existen órdenes de laboratorio de al menos cuatro centros privados de salud, como la Caja Bancaria, el CIES - Salud Sexual Salud Reproductiva, el Hospital Metodista y el Consultorio de la Mujer.
Para estos análisis, se empleaban insumos del Hospital Obrero y, según las declaraciones de las mismas implicadas, de 30.000 órdenes de laboratorio que se realizaron, 18.000 eran de pacientes particulares.
NO RESPONDEN
EL DIARIO ha tratado de lograr respuesta de los mencionados centros y, hasta la fecha, ninguno ha dado respuesta sobre la posición legal que asumirán.
Sin embargo, en el caso específico de CIES y la Caja Bancaria, estos centros de salud negaron tener conocimiento de que sus órdenes de trabajo o muestras biológicas de sus pacientes se hayan realizado en el Hospital Obrero.
AMENAZAS
El caso, según información de la Fiscalía, fue reasignado a otro fiscal, luego de que la titular, Lilian Calderón, fuera suspendida debido a un escándalo de orden personal que derivó en su detención.
El cambio, según la Policía, puede afectar en la investigación de estos centros privados.
Pero más grave, las modificaciones de fiscales, se dan luego de que la representante del defensor del Pueblo de La Paz, Teresa Zubieta, denunció amenazas de muerte contra tres funcionarios del Hospital Obrero de quienes guarda en reserva su identidad pero se maneja que son testigos clave dentro del caso.
Zubieta aseveró que aún no se ha tomado medidas protectoras para estas personas, pero adelantó que se han recibido las denuncias verbales y se trabaja en otro tipo de proceso legal.
DAÑO ECONÓMICO
Como uno de los últimos datos conocidos en la segunda audiencia cautelar contra otros imputados, sumando 11 los procesados, la fiscal Calderón reveló que el daño económico que causó la red de tráfico de servicios en la Unidad de Patología asciende a unos 15 millones de dólares.
Este cálculo obedece al tiempo en el que la principal sospechosa estaba a cargo del Servicio de Patología que fue de cinco años.
Dentro de las declaraciones, se reveló que, a pedido de la doctora Calderón, contrató más personal para que realicen análisis que se desviaban a particulares.
“Habiendo sacado un promedio aproximado y en desconocimiento total de las cantidades (de dinero) que habrían cobrado los coimputados, en los cargos que se encontraban, se tiene que, aproximadamente, habrían obtenido tres millones de dólares de forma anual”, explicó la fiscal Calderón, como figura en la transcripción de la audiencia cautelar.
Las investigaciones han revelado que Calderón, en colaboración con la técnico Alfaro, abrió laboratorios privados que a su vez firmaron contratos con entidades de salud como la Caja Bancaria y CIES para el análisis de muestras biológicas.
En el caso de CIES, el detalle revela que Calderón se adjudicó los análisis de Papanicolaou de todos sus pacientes.
En contrapartida, el fiscal Marco Vargas aseguró que el análisis de muestras particulares en instalaciones del Hospital Obrero se hacían de forma tan irregular que se verificó el caso de una paciente a la que se le diagnosticó cáncer sin estarlo.
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