Los miembros del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenaron sin pruebas, a los tres acusados por la supuesta violación y muerte del bebé de ocho meses, Oscar Alexander Ch. V., afirmaron los abogados Suleika Lanza y Cristian Alanes que anunciaron la apelación, mientras el principal acusado, el médico Jhiery Fernández, aseguró que revelará todas las irregularidades y arbitrariedades cometidas en su contra a lo largo de todo el proceso en el que fueron acallados con el argumento de la reserva judicial.
En tanto, el principal imputado, el médico Jhiery Fernández, aseguró que revelará todas las irregularidades y arbitrariedades cometidas en su contra a lo largo de todo el proceso.
“Me sentenciaron sin pruebas, es lamentable, ya no hay fe, no hay confianza, le digo a la población en general, tengan cuidado que les pase lo mismo que a mí. La justicia es ciega y al margen de eso está amedrentada, esta comprada. Voy a seguir adelante, no voy a desfallecer”, fueron la palabras de Fernández, luego de escuchar la sentencia emitida por la juez Patricia Pacajes, presidente de dicho Tribunal, y los jueces técnicos, Roberto Mérida y Gladys Guerrero.
SENTENCIA
Fernández, médico de turno en el Instituto de Rehabilitación infantil (IRI) dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), el 13 de noviembre de 2014 fue sentenciado a 20 años de cárcel, acusado por los delitos de violación, infanticidio y homicidio culposo.
La médico residente del Hospital de Niño, Sandra Madeni, y la enfermera del Hogar Virgen de Fátima (hoy Niño Jesús y también dependiente del Sedeges), Lola Rodríguez, recibieron dos años de sentencia por incumplimiento de deberes y homicidio culposo.
La audiencia de alegatos finales y lectura de sentencia, dictada por la juez Pacajes, empezó a las 09.00 del lunes y duró cerca de 20 horas, con receso de una hora al mediodía, 10 minutos en la tarde y una hora en la madrugada de ayer, martes.
A tres años de la muerte del menor y dos años y tres meses de instalado el juicio, los jueces escucharon los alegatos finales del Ministerio Público, representado por la fiscal Susana Boyán, además de los cinco coadyuvantes, entre ellos el Ministerio de Justicia.
Apelación
Suleika Lanza, abogada de la residente Madeni, anunció que apelará el fallo emitido contra su cliente por los jueces que basaron su decisión “en una prueba que no es real, definitivamente, el poder judicial ha hecho un show, con una resolución que ya estaba dictada”.
Por su lado, el abogado de Jhiery Fernández, Cristhian Alanes, aseguró que la sentencia está completamente alejada de todo lo que se ha podido probar en el juicio, “Lamentablemente no se ha demostrado con prueba idónea algún tipo de responsabilidad contra el doctor Fernández. Obviamente vamos hacer uso del recurso de apelación restringida, pero el día de hoy (ayer) se ha sentado un precedente nefasto en la administración de justicia en Bolivia”, afirmó.
Durante el juicio, se presentaron testigos, los policías investigadores y peritos que realizaron la necropsia al cuerpo del menor, los cuales descartaron la supuesta violación en contra del bebé Alexander y que el horario en el cual la Fiscalía asegura se cometió la supuesta violación, el médico Fernández se encontraba en otra institución realizando una curación a una menor con discapacidad, en compañía de la enfermera Roxana Cuentas, quien fue testigo en el juicio.
“Hemos presentado todas las pruebas para que se cercioren de mi inocencia, hemos sido coartados en todo momento, no nos han dejado hablar, sacar a luz pública todo lo que nosotros sabemos. Al contrario, la otra parte podía salir en todo momento, a decir que yo era culpable, que tenían todas las pruebas, pero no es así. Me pregunto dónde está la justicia, yo he dicho creo en la justicia, pero no en los operadores”, manifestó Fernández ayer por la madrugada, a la salida de la audiencia, para luego, enmanillado, abrazar a su padre y familiares que aguardaron durante toda la noche el fallo que esperaban sea de absolución, pero en contrario condenó al médico “sin pruebas”.
Irregularidades
A pesar de las denuncias y pruebas que señalaban extorsión y presión cometidos por la comisión de fiscales compuesta por Edwin Blanco (actual Fiscal de Distrito) y Susana Boyan contra los cerca de 16 implicados que se dieron en la parte inicial de la investigación, la acusación fue presentada en junio de 2015.
Otra irregularidad denunciada en este caso,fue sustentada en el informe del Colegio Médico de La Paz, que verificó que los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que diagnosticaron la supuesta violación en contra del menor, Ángela Yharmila Mora Vera y Christian Vargas Camacho, no estaban afiliados a esa institución y no contaban con especialización forense.
Ignorando esos informes oficiales, el fiscal departamental Edwin Blanco, aseguró ayer que Mora y Vargas prestaron su declaración y corroboraron el informe forense, que en realidad fue rebatido por otra junta médica del mismo IDIF, que descartó la supuesta violación en contra del menor.
Otra versión tergiversada por el fiscal Blanco tiene que ver con las declaraciones de Mora y Vargas, quienes según las actas se presentaron “como testigos”, mientras que Blanco sostiene que los mismos declararon en condición de “peritos” , olvidando sus propias declaraciones del 05 de abril de 2016, cuando él aseguró que el forense declaraba como testigo “por estrategia”.
Mónica Palma, una de las abogadas del doctor Fernández, en ese entonces, cuestionó esta actitud, explicando que con esta “argucia”, la Fiscalía impedía que los informes emitidos por Mora y Vargas sean introducidos como prueba, de modo que los jueces verifiquen que éstos eran incongruentes, que presentaban varios errores, el principal el cometido por Ángela Mora, al diagnosticar una violación inexistente que la necropsia confirmó no ocurrió ni fue causa de la muerte de Alexander.
Palma señaló que en calidad de testigos, “Vargas y Mora no pueden ser cuestionados por las falencias que como defensa hemos detectado en sus informes”, afirmó entonces, luego de las declaraciones de Blanco.
Otro de las varios polémicos aspectos que nunca fueron investigados en este caso, se dio el 29 de diciembre de 2015 en la sexta audiencia del juicio oral, cuando la enfermera Lola Rodríguez afirmó que el fiscal Blanco le pidió diez mil dólares para salir en libertad y que durante la primera reconstrucción del caso le solicitó “ayuda” para que en sus declaraciones ampliatorias mienta sobre la utilización de una sonda rectal en el Hospital del Niño.
Consultado sobre tan serias acusaciones, Blanco se refugió en el argumento que la Fiscalía ha mal utilizado “la reserva del caso” durante todo el proceso.
