viernes, 5 de junio de 2020

Crece la oferta de pruebas rápidas de covid-19, pese a ser ilegal



Ante el aumento de casos de coronavirus y la notoria saturación de centros de salud del país, la oferta de pruebas rápidas de covid-19 ha empezado a tomar fuerte presencia en las redes sociales, pese a que su venta es ilegal en Bolivia y a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no la recomienda para diagnosticar a pacientes que requieran de atención.

La imagen de una caja o de estuches de plástico en los que se lee “test rápido para covid-19” junto con un llamado a solicitar más información “inbox” o a un número específico, componen los avisos para ofrecer test rápidos cuyos costos oscilan entre 170 y 400 bolivianos.

Mensajes de WhatsApp ofrecen algo más, una especie de certificación de conformidad de que el producto cumple con leyes nacionales para su fin.

El detalle está en que se trata de un documento válido para China, no para Bolivia.

En un contacto que hizo Correo del Sur con la persona que se denomina representante de este producto en Sucre –el encargado nacional estaría en Santa Cruz– CORREO DEL SUR recabó la siguiente información: el producto llega de China y aunque pasa por Migración, no cuenta con permiso del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Chuquisaca, porque de hacerlo costaría más. Lo venden también en Trinidad y Santa Cruz y tiene 95% de fiabilidad, según el ofertante.

El vendedor sostiene que el producto lo usan ampliamente en España para verificar que trabajadores no estén enfermos y que en Sucre se podrían emplear para lograr un permiso de viaje. Asegura que ya vendió su primer stock y que solo reservará pruebas cuando le llegue una segunda partida.

UN PRODUCTO ILEGAL EN BOLIVIA


Consultado sobre este tipo de ofertas, el jefe nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto, aclara a CORREO DEL SUR que estas pruebas son ilegales al quedar fuera de la normativa nacional y no estar avaladas por el Ministerio de Salud.

“Lo más importante es que la población entienda que no son aprobados y menos son para uso de la población porque se la pone en riesgo porque la posibilidad de tener falsos negativos es grande”, asevera.

Pero ¿por qué son riesgosos estos test rápidos?


Prieto explica que para realizar una prueba de coronavirus se requiere comprobar que la calidad del reactivo sea alta, lo que se determina cuando al menos hay un 80% de sensibilidad. “Quiere decir que cuando hagamos una prueba a una persona tenemos por lo menos el 80% de probabilidad de decir que este caso es negativo o cuando detectamos que es positivo”.

A nivel internacional, las pruebas con mayor sensibilidad y por ende de mayor fiabilidad y calidad son las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), que son las pruebas que actualmente se hacen en laboratorios nacionales como el Inlasa, Cenetrop y en el hospital San Pedro Claver, ahora Hospital Covid-19, en Sucre.

En cambio, las pruebas serológicas –test rápidos– tienen un porcentaje de fiabilidad menor, debido a que su sensibilidad es reducida. Por este motivo es muy probable que den falsos negativos o falsos positivos.

“Con esto lo que pasa es que causan (las pruebas rápidas) una falsa sensación de seguridad o de riesgo porque puede ser que un positivo salga negativo y eso puede hacer que el virus se propague si un positivo cree que es negativo”, remarca Prieto.

PROCESO DE APROBACIÓN


Si bien la venta de test rápidos no está avalada en el país, el Gobierno lleva adelante un proceso de aprobación de algunos, a través del laboratorio Inlasa, de modo tal que sean utilizados para estudios epidemiológicos.

Prieto informa que este tipo de estudios está pensado para cuando la epidemia se propaga masivamente “como en Beni, por ejemplo... Hay y hemos hecho una serie de estudios para ver quiénes tienen anticuerpos circulantes, es decir que ya han tenido contacto con la enfermedad para ver lo que llamamos seroprevalencia”.

Pero de inmediato aclara que estos resultados no servirán para el diagnóstico clínico.

Así, el país solo podrá emplear de forma legal y aprobada algunas pruebas rápidas, únicamente con fines investigativos, según lo definan las autoridades nacionales.

DIFERENCIAS ENTRE LAS PRUEBAS PCR Y LOS TEST RÁPIDOS

Además de su bajo porcentaje de fiabilidad, las pruebas rápidas funcionan de manera distinta a las de PCR.

Por eso, aunque en algunos países se haya permitido su uso, este suele ser para identificar a pacientes que ya estuvieron expuestos al virus y para hacer pruebas de forma masiva, cuando la situación de la enfermedad lo requiere, y no así para dar de alta a alguien ni para medicarlo.

Pero ¿cómo funcionan?

En palabras sencillas, las pruebas rápidas de coronavirus no identifican al covid-19, sino que determinan si se generaron los anticuerpos para luchar contra este virus u otros.

Se corre el riesgo de dar falsos negativo o falsos positivo, pues el test se puede hacer en una etapa en la que la persona todavía no produjo anticuerpos o cuando el cuerpo luchaba contra otro virus o generaba anticuerpos, incluso meses después de haber superado la enfermedad.

Las pruebas PCR, en cambio, detectan el material genético del virus, por lo que pueden determinar con certeza si en el momento de la prueba el paciente tenía o no covid-19, aunque este ni siquiera haya desarrollado síntomas.

Estas pruebas son ideales para detectar la enfermedad de forma temprana; sin embargo, el acceso a ellas y la metodología de identificación de casos han motivado diversas críticas en el país. Hubo denuncias de familiares de pacientes que aseguraron que no les tomaron muestras por no presentar síntomas.

SEDES HACE SEGUIMIENTO A LAS OFERTAS

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Chuquisaca hace seguimiento a los anuncios que circulan en redes sociales y advierte que ninguna de estas pruebas está autorizada en el país, por lo que su venta es pasible de sanciones administrativas e incluso penales por delitos contra la salud.

“Son pruebas que no tienen registro sanitario ni control de calidad en Bolivia, por lo que no son óptimas”, remarca la responsable de Medicamentos e Insumos del Sedes, Liliana Pua, al llamar a la población a denunciar estos casos en las oficinas del Sedes o a través de su línea gratuita 800-10-2930.

La médica dice que, actualmente, la única forma legal de acceder a una prueba de coronavirus es a través de los laboratorios autorizados a nivel nacional como el Inlasa de La Paz, el Cenetrop de Santa Cruz o el del San Pedro Claver, en Sucre, donde no hay laboratorios privados que hagan estos exámenes.

De forma privada, las pruebas PCR de covid-19 en laboratorios de La Paz y Santa Cruz oscilan entre los 700 y 800 bolivianos.

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