La Cámara Nacional de Comercio (CNC) informó que el Comité de Clínicas y Centros Privados de Salud se reunió de emergencia y rechazan la norma gubernamental que fija los precios por servicios médicos para el Covid-19
La reacción se debe a la Resolución Ministerial N° 0043 del Ministerio de Salud y Deportes, por lo que las clínicas y centros privados de Salud de Bolivia se declararon en emergencia en rechazo a esa normativa que fija una lista de precios de los medicamentos y los servicios en establecimientos farmacéuticos, laboratorios y las clínicas del país para el tratamiento del coronavirus.
El comunicado del sector hace notar que no saben cuál es el objetivo de la resolución, si amedrentarlos y que no atiendan a los pacientes con Covid-19 para que quiebren y cierren o sindicarlos como chivos expiatorios.
Por ello, se declaran en emergencia y están trabajando con los diferentes sectores para la defensa de la vulneración de los derechos constitucionales de los que están siendo víctimas.
En esa línea, las clínicas privadas del país denunciaron que han sido amedrentadas y criminalizadas debido al anuncio de la Policía de que harán controles en esas instituciones para verificar el cumplimiento de dicha resolución ministerial.
Cabe recordar que el 27 de enero de este año, el Ministerio de Salud publicó dicha normativa que establece que los precios máximos para la prestación de servicios de análisis de laboratorio y de los servicios de salud relacionados al coronavirus en establecimientos de salud del subsector privados no podrán exceder el 5% del señalado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed).
La resolución señala que la atención integral en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en clínicas privadas deben tener un precio de Bs 3.324 por día; la atención integral en la unidad de cuidados intermedios no debe ser más de Bs 2.604; y la atención en sala común se fija en Bs 1.137. En tanto, la ventilación mecánica tiene un costo de Bs 755.
La norma también dispone que el costo de los medicamentos en recintos privados debe mantenerse de acuerdo con lo establecido por la Agemed.
Ante esto, Gustavo Jáuregui, gerente general de la CNC informó que el Comité de Clínicas y Centros de Salud Privados se reunió de emergencia y efectuó un análisis jurídico y técnico de dicha resolución y estableció que la norma no cuenta con un estudio base matemático actual sobre los precios y gastos que implica la atención de los pacientes con Covid-19 para los servicios de salud del sector público y privado.
“La norma define precios máximos sin relación directa con la realidad actual lo que implicaría un mecanismo de regulación y control de precios en todo el sistema de salud. La disposición parece que es una réplica de lo que pretendería la Ley de Emergencia Sanitaria, que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, afirmó Jáuregui.
En ese sentido, las clínicas privadas rechazaron dicha resolución porque "criminaliza al sector" e invitaron a las autoridades a conocer los costos reales de la prestación de servicios médicos del subsector privado para el tratamiento de los pacientes con coronavirus.
“Terceros afirman falsamente, sin conocer la realidad del sector, que las clínicas han sido especuladoras económicas de la pandemia. Invitamos a las autoridades a conocer la verdad material de los costos del sector que luchan continuamente por sobrevivir económicamente y que en 2020 fue el año más difícil de nuestra historia, ante la compleja amenaza de salud producida por el Covid-19”, indica el comunicado del sector.
En tanto, el sector también denunció que la norma vulnera el artículo 39 de la Constitución Política del Estado (CPE) que señala que el Estado debe garantizar el servicio de salud pública y reconoce el servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley.
Hemos solicitado formalmente una reunión con el Ministro de Salud con la finalidad de generar una instancia de diálogo público – privado que permita consensuar normas equitativas, ecuánimes y racionales, con los actores de la sociedad que van a ejecutarlas, en este caso las Clínicas y Centros de Salud Privados”, enfatizó el gerente de la CNC.
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