Autoridades policiales y de la Fiscalía adelantan que el daño económico a la Caja Nacional de Salud (CNS), por el desvío de insumos en estudios de laboratorios, debe ser cuantificado mediante una auditoría, en la que también se confirmará si las irregularidades se cometían desde hace cinco años informó el jefe de la Unidad Anticorrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, mayor Luis Guarachi.
“Se va a sugerir una auditoría médica especializada para que pueda cuantificarse el daño económico que se ha hecho en este ilícito y vamos a continuar con la toma de las declaraciones a otras cinco personas (…) no me gustaría aventurarme a dar números, mientras no salga un resultado de auditoría”, dijo.
El jefe policial explicó que esa auditoría médica especializada será coordinada con la Fiscalía y personal de la CNS. Anotó que podría remontarse hasta el mes de abril pasado, cuando se dio a conocer la primera denuncia.
En la entrevista que se tuvo con el director del Hospital Obrero, doctor Carlos Ibáñez Guzmán, reveló que no se tiene un adecuado control para cuantificar el daño, toda vez que los insumos eran entregados a requerimiento de cada servicio.
En este sentido, explicó que se separará la investigación para identificar qué personas participaron de manera directa en el ilícito y otra investigación por incumplimiento de deberes de las personas encargadas de controlar y detectar estas anomalías.
ANTECEDENTES
El martes pasado, ejecutivos de la CNS denunciaron el uso de equipos y reactivos del Hospital Obrero, destinados a realizar pruebas de laboratorio, fueron extraídos para utilizarlos en pacientes de clínicas privadas, como la Cemes, Caja Banca Privada, Laboratorio - Hormobiolab S.r.l, Consultorio de la Mujer y Hospital Metodista.
Por estas pruebas, muchos de los laboratorios particulares cobran entre 250 a 600 bolivianos, dependiendo del tipo de examen. Sin embargo, en el caso denunciado en el Hospital Obrero hasta la fecha se desconoce el daño económico inferido al interés público.
Las investigaciones de la Felcc develaron que los funcionarios del área de Patología introducían datos falsos en los formularios de los exámenes de laboratorio, para realizar ocho pruebas en vez de tres.
Seis profesionales médicos confrontaron una audiencia de medidas cautelares, en la que la fiscal Tania Alfaro dispuso la detención de tres, en tanto que las otras tres personas fueron beneficiadas con medidas sustitutivas.
Un día después (jueves), la Unidad Anticorrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Fiscalía citó en calidad de investigados al Director del Hospital Obrero, Dr. Carlos Guzmán; el Subdirector, la Jefe Administrativa, el Jefe de Patología, la Trabajadora Social y dos residentes (voluntarios). Todos prestaron sus declaraciones en torno al uso de reactivos y equipos para realizar estudios de laboratorio encargados por clínicas particulares.
El jefe policial informó que en la audiencia realizada el fin de semana pasado, la Juez determinó que tres personas (el Director, la jefe Administrativa y una residente), sean aprehendidas por tener indicios de responsabilidad, en forma domiciliaria, en tanto que la Trabajadora Social fue detenida preventivamente en la cárcel de Obrajes.
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