En Bolivia hay trabajadores sanitarios que prefieren asistir a una mujer si tiene complicaciones en un aborto clandestino a realizar uno seguro, incluso cuando sea por razones estipuladas legalmente, según un estudio presentado hoy (ayer).
"Los médicos solamente están ahí para salvar a la mujer en caso de que se encuentre en riesgo pero no asumen la responsabilidad de practicar el aborto", dijo en la presentación del estudio "Entre el discurso, la práctica y el derecho a decidir de las mujeres", su autora, Noelia Gómez Téllez.
Así, el estudio cita como ejemplo las palabras de un ginecólogo que dijo que "ahora se ha puesto más fácil, las mujeres ya vienen abortadas y a lo mucho vienen con hemorragias por el uso del misoprostol (fármaco que causa el aborto)".
"Para los médicos es más fácil no tener que asumir ese tipo de responsabilidades", añadió la investigadora.
El estudio consistió en realizar 14 entrevistas en profundidad a personal sanitario (9 mujeres y 5 hombres) de Cochabamba, Trinidad y La Paz, por lo que la autora afirmó que los "resultados no son generalizables" y "no representan" a la totalidad pero dan "una idea de cómo se están enfocando estos temas".
El estudio está desarrollado por el Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir y contó con el apoyo de la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la ONG Alianza por la Solidaridad.
Desde que el Tribunal Constitucional emitió un fallo en 2014, la interrupción legal del embarazo en Bolivia está permitida en dos supuestos, en los que no es necesario autorización judicial: cuando el mismo sea producto de una violación, incesto o estupro y cuando esté en riesgo la vida y salud de la madre.
Del personal médico consultado, no todos están de acuerdo con la sentencia del Constitucional y tratan de persuadir a las mujeres que quieren abortar de forma legal, aconsejándolas que vayan por la sanidad privada porque "es más rápido" u objetando y alargando el proceso, según la investigadora.
Por otro lado, Gómez destacó que la Policía también trata impedir que las mujeres aborten no aceptando sus denuncias o no dándoles la copia de las mismas para que no la presenten en un centro médico.
Además, a pesar de que el personal sanitario afirma que las mujeres tienen derecho a decidir, en última instancia algunos médicos buscan el consentimiento de las parejas para realizar intervenciones sobre el cuerpo de las mujeres.
En este sentido, el informe destacó el testimonio de una enfermera de Trinidad que le pidió a su médico que tras su primer embarazo le ligase las trompas y éste no lo hizo porque cuando preguntó al marido si estaba de acuerdo el hombre dijo que no.
La directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Tania Nava, recordó que el aborto clandestino es la tercera causa de mortalidad materna y que en Bolivia se practican 185 abortos ilegales al día, lo que lo convierte en un "problema de seguridad" muy importante.
Y alabó la sentencia del Constitucional que estipula los supuestos en un país que es el segundo de toda Latinoamérica con mayores tasas de violencia sexual.
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