La Asociación de Víctimas de la Mala Praxis Médica informó ayer que apelará a organizaciones internacionales de Derechos Humanos e iniciará una serie de medidas de presión para obligar a los médicos a retornar a sus funciones, en aplicación del D.S. 3385/17 que promueve la regulación, control y fiscalización del sistema nacional de salud.
La vicepresidente de esta organización, María Espejo Camacho, afirmó que apelarán a todos los organismos de Derechos Humanos Internacionales para pedirles el apoyo necesario en su demanda de que los médicos atiendan con prontitud a los enfermos y victimas de negligencia.
“No nos queda otra vía que recurrir a Derechos Humanos internacionales, ya que los doctores están atentando contra la vida de cada paciente”, afirmó.
Espejo explicó que esta Asociación iniciará medidas de presión en apoyo a la aprobación del D.S. 3385, destinado a regular y controlar la actividad médica.
“Esta asociación respalda el D.S. 3385 y toda normativa que promueva la regulación, control y fiscalización del Sistema Nacional de Salud”, aseveró.
La representante dijo que son personas concretas, en este caso profesionales médicos o trabajadores en salud, quienes rechazan abiertamente esta medida y no desean someterse a las normativas legales de control.
En criterio de la activista, el Colegio Médico debería ser una de las primeras instituciones en promover el control efectivo entre sus funcionarios, para dar seguridad a los centenares de enfermos y que éstos no sean afectados por actos que pudieran cometer profesionales en salud, directa o indirectamente, en el ejercicio de sus funciones o actividades médicas.
En su criterio, son los intereses ego-centristas e individualistas los que priman en este paro médico, en desmedro de la salud de los usuarios y de la colectividad.
Activar Ley existente
Al respecto, el Presidente del Colegio Médico de La Paz, Dr. Luis Larrea, afirmó que la Ley 3131/05, del 8 de agosto de 2005, “Ley del Ejercicio Profesional Médico”, contempla la creación de instancias para la fiscalización del acto médico.
Explicó, en entrevista con la televisora Cadena A, que el artículo 18 de la ley 3131/05 dispone la creación del “Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje”, que regula la relación de conflicto médico – paciente, ocupándose de sus controversias, debiendo ser reglamentado por Decreto Supremo en su estructura y funcionamiento”
Este proyecto contó con el apoyo técnico de expertos mexicanos, pero el Gobierno no mostró interés para viabilizar la creación de esa entidad fiscalizadora, dijo el Dr. Larrea.
2 SENTENCIAS EN 15 AÑOS
A su vez, Espejo señaló que en más de 15 casos, sólo dos obtuvieron sentencia por mala praxis médica, por lo que considera primordial aprobar nuevas medidas que sancionen los malos actos médicos que atenten contra la integridad física de las personas e incluso contra su vida.
“Necesitamos hacernos escuchar, no son sólo las demandas de los doctores las que deben ser atendidas, las nuestras también merecen atención. Por tanto, a partir de la fecha, vamos a salir a marchar y no desestimamos una posible huelga de hambre”, advirtió.
CONVOCATORIA A LA CIUDADANÍA
Asimismo, la representante convocó a la ciudadanía y a los políticos del país a pronunciarse en contra del paro de los médicos, iniciada el 23 de noviembre y que se agudiza al presente.
“Es importante, ante esta situación, que autoridades, políticos y ciudadanía en general, se manifiesten públicamente, respaldando el derecho de los pacientes a ser socorridos por los médicos a nivel nacional”, afirmó.
martes, 12 de diciembre de 2017
Colegio Médico propone diálogo en sede de Gobierno
Luis Larrea, representante del Colegio Médico de La Paz, luego de un análisis entre el sector galeno, lamentó que el Gobierno demuestre poco interés en solucionar el conflicto y pretenda trasladar el diálogo a Cochabamba, cuando las representaciones de este sector se concentran en la sede de Gobierno.
“Esta es la nota que es enviada por fax y mañana (hoy) se entrega en físico, para proponer que el diálogo con el Gobierno se instale en un lugar neutral como es el Arzobispado de La Paz, a las 17.00”, indicó.
El Colegio Médico de La Paz anunció el envío de una propuesta, de la cual esperan respuesta por parte de la titular del Ministerio de Salud, con la finalidad de poder lograr un encuentro con las autoridades del ejecutivo.
En la misma línea, Aníbal Cruz, representante nacional del sector, agregó que este sector no asistirá a la última invitación del Gobierno, para que se instale una mesa de conversaciones en la ciudad de Cochabamba, de acuerdo con la última convocatoria realizada por el Ministerio de Salud. El representante lamentó que la Ministra de Salud proponga como sede del encuentro otras ciudades, como Santa Cruz y Cochabamba teniendo conocimiento que la Directiva de esta institución colegiada reside en la sede de Gobierno.
Cruz señaló que otras de las condiciones para el reinicio del diálogo se basa en la aceptación de dos puntos fundamentales: La abrogación del Decreto Supremo 3385 y la confirmación de una reunión con los presidentes de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, José Antonio Gonzales y Gabriela Montaño, respectivamente.
“Creemos que la autoridad de salud, solamente se hace la burla del sector prolongando el conflicto que perjudica a los pacientes”, afirmó el representante.
NUEVOS SECTORES
Cruz anunció que cada vez se suman sectores a este paro indefinido, en la víspera anunciaron su incorporación las farmacias del país que paralizarán la venta de medicamentos por 12 horas.
Asimismo, el sector de Jubilados del área de salud emitirá en las próximas horas un pronunciamiento al respecto.
Por otra parte, las universidades en sus facultades de Medicina ingresarán a esta medida de presión a partir de la fecha.
Al inicio de semana, se acoplaron a esta manifestación en contra del Gobierno, un sector de las Clínicas Privadas así como la Asociación de Anestesiólogos de todo el país.
“Esta es la nota que es enviada por fax y mañana (hoy) se entrega en físico, para proponer que el diálogo con el Gobierno se instale en un lugar neutral como es el Arzobispado de La Paz, a las 17.00”, indicó.
El Colegio Médico de La Paz anunció el envío de una propuesta, de la cual esperan respuesta por parte de la titular del Ministerio de Salud, con la finalidad de poder lograr un encuentro con las autoridades del ejecutivo.
En la misma línea, Aníbal Cruz, representante nacional del sector, agregó que este sector no asistirá a la última invitación del Gobierno, para que se instale una mesa de conversaciones en la ciudad de Cochabamba, de acuerdo con la última convocatoria realizada por el Ministerio de Salud. El representante lamentó que la Ministra de Salud proponga como sede del encuentro otras ciudades, como Santa Cruz y Cochabamba teniendo conocimiento que la Directiva de esta institución colegiada reside en la sede de Gobierno.
Cruz señaló que otras de las condiciones para el reinicio del diálogo se basa en la aceptación de dos puntos fundamentales: La abrogación del Decreto Supremo 3385 y la confirmación de una reunión con los presidentes de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, José Antonio Gonzales y Gabriela Montaño, respectivamente.
“Creemos que la autoridad de salud, solamente se hace la burla del sector prolongando el conflicto que perjudica a los pacientes”, afirmó el representante.
NUEVOS SECTORES
Cruz anunció que cada vez se suman sectores a este paro indefinido, en la víspera anunciaron su incorporación las farmacias del país que paralizarán la venta de medicamentos por 12 horas.
Asimismo, el sector de Jubilados del área de salud emitirá en las próximas horas un pronunciamiento al respecto.
Por otra parte, las universidades en sus facultades de Medicina ingresarán a esta medida de presión a partir de la fecha.
Al inicio de semana, se acoplaron a esta manifestación en contra del Gobierno, un sector de las Clínicas Privadas así como la Asociación de Anestesiólogos de todo el país.
Inician medidas de presión Invidentes exigen ser incluidos a la CNS
Más de 50.000 no videntes de todo el país se encuentran movilizados y en estado de emergencia debido a que fueron despojados del sistema de seguridad social, quedando desprotegidos de atención en salud, por lo que exigen ser incorporados a la Caja Nacional de Salud (CNS).
El dirigente del sector Abel Blas informó que son más de 50.000 personas con discapacidad visual las que iniciaron movilizaciones a nivel nacional, pidiendo la reinserción al Sistema de Seguridad Social, ya que desde el año 2015 fueron excluidos de este beneficio.
El representante señaló, que de acuerdo con un convenio suscrito en el mes de agosto del presente año, con el presidente de la Caja Nacional de Salud, Juan Carlos Meneses, se concretó un plazo de 90 días para dar solución al tema, término que feneció el día 29 de noviembre pasado. Indicó que si no se atiende favorablemente la solicitud de estas personas y sus familias, se analizará la posibilidad de iniciar una huelga de hambre a nivel nacional, para de esta manera presionar a las instancias involucradas a que den fin a este conflicto.
De igual manera, explicó que el doctor Meneses no responde a ninguna forma de comunicación con este sector, agotándose la paciencia de sus afiliados.
“Agotamos todas las instancias posibles para poder entrar en contacto con Meneses, por vía telefónica, redes sociales y cartas, pero no recibimos respuesta ni contacto”, manifestó el dirigente.
ABIERTOS AL DIÁLOGO
El representante afirmó que su sector está dispuesto a ingresar al dialogo en el momento que las autoridades convoquen.
“Esperamos encontrar buena predisposición al diálogo, seguimos esperando con optimismo una convocatoria para poder solucionar esta situación de vital importancia”, dijo.
El dirigente del sector Abel Blas informó que son más de 50.000 personas con discapacidad visual las que iniciaron movilizaciones a nivel nacional, pidiendo la reinserción al Sistema de Seguridad Social, ya que desde el año 2015 fueron excluidos de este beneficio.
El representante señaló, que de acuerdo con un convenio suscrito en el mes de agosto del presente año, con el presidente de la Caja Nacional de Salud, Juan Carlos Meneses, se concretó un plazo de 90 días para dar solución al tema, término que feneció el día 29 de noviembre pasado. Indicó que si no se atiende favorablemente la solicitud de estas personas y sus familias, se analizará la posibilidad de iniciar una huelga de hambre a nivel nacional, para de esta manera presionar a las instancias involucradas a que den fin a este conflicto.
De igual manera, explicó que el doctor Meneses no responde a ninguna forma de comunicación con este sector, agotándose la paciencia de sus afiliados.
“Agotamos todas las instancias posibles para poder entrar en contacto con Meneses, por vía telefónica, redes sociales y cartas, pero no recibimos respuesta ni contacto”, manifestó el dirigente.
ABIERTOS AL DIÁLOGO
El representante afirmó que su sector está dispuesto a ingresar al dialogo en el momento que las autoridades convoquen.
“Esperamos encontrar buena predisposición al diálogo, seguimos esperando con optimismo una convocatoria para poder solucionar esta situación de vital importancia”, dijo.
lunes, 11 de diciembre de 2017
Artineo B, la solución para la artrosis
Según datos estadísticos presentados por laboratorios Cofar, 1 de cada 30 personas padecen de artrosis en el mundo. Afortunadamente, la farmacología avanza a pasos agigantados. Es el caso de laboratorios Cofar, que acaba de presentar una solución terapéutica para la artrosis. Se trata de Artineo B, un producto único en el mercado, indicado para la deneración articular.
“La artrosis es un problema de salud pública de primera magnitud, que tiene un gran impacto sobre la calidad de vida de las personas afectadas, por lo que surge la necesidad de mejorar su prevención y tratamiento”, afirmó Sindy Rojas, asesora médica de Laboratorios Cofar.
Rojas dice que la artrosis puede afectar a una o más articulaciones debido al desgaste de tejido cartilaginoso dado por el excesivo uso de las mismas, y es importante diferenciarla de una enfermdad de origen autoinmune, denominada Artritis reumatoidea.
Pero lo más importante de este fármaco es que está fabricado en base a la boswellia serrata, un antiinflamatorio natural. Se trata de un árbol originario de la India y de Arabia Saudita. Su extracto es utilizado en la Medicina Ayurveda. Según Rojas, existen investigaciones que demuestran que el extracto seco de Boswellia Serrata inhibe a la enzima 5-lipoxigenasa, una enzima implicada en el proceso inflamatorio y que contribuye a la formación de leucotrienos, principal causante de inflamación y dolor de esta patología.
“La artrosis es un problema de salud pública de primera magnitud, que tiene un gran impacto sobre la calidad de vida de las personas afectadas, por lo que surge la necesidad de mejorar su prevención y tratamiento”, afirmó Sindy Rojas, asesora médica de Laboratorios Cofar.
Rojas dice que la artrosis puede afectar a una o más articulaciones debido al desgaste de tejido cartilaginoso dado por el excesivo uso de las mismas, y es importante diferenciarla de una enfermdad de origen autoinmune, denominada Artritis reumatoidea.
Pero lo más importante de este fármaco es que está fabricado en base a la boswellia serrata, un antiinflamatorio natural. Se trata de un árbol originario de la India y de Arabia Saudita. Su extracto es utilizado en la Medicina Ayurveda. Según Rojas, existen investigaciones que demuestran que el extracto seco de Boswellia Serrata inhibe a la enzima 5-lipoxigenasa, una enzima implicada en el proceso inflamatorio y que contribuye a la formación de leucotrienos, principal causante de inflamación y dolor de esta patología.
Emplazan a autoridades a abrogar Decreto 3385/17 Suspenden cirugías y Gobierno pide dialogar
Si hasta el miércoles, el Gobierno no abroga el Decreto 3385/17 y deroga el artículo 205 del Código del Sistema Penal, los médicos procederán a la renuncia colectiva del personal de emergencias. Mientras los especialistas anestesiólogos inician paro indefinido y suspenden cirugías, la ministra de Salud, Ariana Campero, convoca al diálogo para hoy.
Tras el fracaso de la convocatoria a diálogo, para ayer domingo en Santa Cruz, la Ministra de Salud anunció una nueva invitación para hoy cuya nota oficial a la presidencia del Colegio Médico de Bolivia (CMB) será enviada a primera hora. No obstante, reiteró que el mecanismo fiscalización es tuición de esa Cartera de Estado y que al artículo 205 del Código del Sistema Penal no penaliza el ejercicio médico ni vulnera sus derechos.
Por su parte, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, señaló que de no existir una respuesta adecuada por parte del Gobierno, “los médicos de emergencias y especialistas definieron presentar una renuncia masiva el día miércoles si el Gobierno continúa con sus intenciones de criminalizarnos penalmente”.
Larrea justificó la inasistencia de los profesionales debido a la imposibilidad de trasladarse de inmediato, “piensan (el Gobierno) que nosotros podemos agarrar un avión privado e irnos al lugar que digan y quieran. En Asamblea definimos un continuo asesoramiento legal para asistir a las reuniones con el Ejecutivo, nosotros no tenemos el dinero que ellos tienen, somos más de 20 profesionales que tienen que trasladarse de un lugar a otro”, dijo.
ARANCELES PROFESIONALES
Con relación al control y establecimiento de los aranceles profesionales en los servicios médicos, Campero anunció que el Gobierno no cederá en sus atribuciones ni en su obligación de regular el costo de los servicios en salud privados.
“No vamos a hacer que ningún hospital o servicio médico privado quiebre, pero el Estado tiene la obligación de fiscalizar y de reestructurar un sistema de salud que esta desordenado y muchos profesionales sienten comodidad en ese caos”, afirmó Campero en “El Pueblo es Noticia” de la televisora estatal.
En contraparte, Luis Larrea señaló que sólo cuando el Gobierno invierta en los hospitales privados recién tendrá el derecho de fiscalizar esas instituciones. “No estamos en un Estado socialista y si el Gobierno quiere imponer esas intenciones pues que modifique la Constitución Política del Estado”, afirmó.
En criterio del médico dirigente, existen propuestas para sancionar la negligencia médica como la aplicación de un tribunal especializado en el área médica para investigar a fondo los casos de negligencia médica sin confundir términos médicos ni jurídicos.
PENALIZACIÓN
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, criticó la falta de atención en hospitales nacionales y manifestó indignación por las advertencias del sector médico movilizado.
“Es lamentable que los médicos anestesiólogos adviertan con paralizar su trabajo en cirugías. Es inadmisible tal posición, seguramente no habrán cirugías porque no va a haber anestesia, quien más sufre es la población”, reclamó.
Por su parte, la ministra Campero calificó de chantaje de los médicos contra el Gobierno. “Me parece injusto que quieran chantajear al Gobierno Central y al Legislativo por el decreto supremo, con un paro indefinido (…) hay una finalidad política para movilizar a los médicos de base”, apuntó.
Tras el fracaso de la convocatoria a diálogo, para ayer domingo en Santa Cruz, la Ministra de Salud anunció una nueva invitación para hoy cuya nota oficial a la presidencia del Colegio Médico de Bolivia (CMB) será enviada a primera hora. No obstante, reiteró que el mecanismo fiscalización es tuición de esa Cartera de Estado y que al artículo 205 del Código del Sistema Penal no penaliza el ejercicio médico ni vulnera sus derechos.
Por su parte, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, señaló que de no existir una respuesta adecuada por parte del Gobierno, “los médicos de emergencias y especialistas definieron presentar una renuncia masiva el día miércoles si el Gobierno continúa con sus intenciones de criminalizarnos penalmente”.
Larrea justificó la inasistencia de los profesionales debido a la imposibilidad de trasladarse de inmediato, “piensan (el Gobierno) que nosotros podemos agarrar un avión privado e irnos al lugar que digan y quieran. En Asamblea definimos un continuo asesoramiento legal para asistir a las reuniones con el Ejecutivo, nosotros no tenemos el dinero que ellos tienen, somos más de 20 profesionales que tienen que trasladarse de un lugar a otro”, dijo.
ARANCELES PROFESIONALES
Con relación al control y establecimiento de los aranceles profesionales en los servicios médicos, Campero anunció que el Gobierno no cederá en sus atribuciones ni en su obligación de regular el costo de los servicios en salud privados.
“No vamos a hacer que ningún hospital o servicio médico privado quiebre, pero el Estado tiene la obligación de fiscalizar y de reestructurar un sistema de salud que esta desordenado y muchos profesionales sienten comodidad en ese caos”, afirmó Campero en “El Pueblo es Noticia” de la televisora estatal.
En contraparte, Luis Larrea señaló que sólo cuando el Gobierno invierta en los hospitales privados recién tendrá el derecho de fiscalizar esas instituciones. “No estamos en un Estado socialista y si el Gobierno quiere imponer esas intenciones pues que modifique la Constitución Política del Estado”, afirmó.
En criterio del médico dirigente, existen propuestas para sancionar la negligencia médica como la aplicación de un tribunal especializado en el área médica para investigar a fondo los casos de negligencia médica sin confundir términos médicos ni jurídicos.
PENALIZACIÓN
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, criticó la falta de atención en hospitales nacionales y manifestó indignación por las advertencias del sector médico movilizado.
“Es lamentable que los médicos anestesiólogos adviertan con paralizar su trabajo en cirugías. Es inadmisible tal posición, seguramente no habrán cirugías porque no va a haber anestesia, quien más sufre es la población”, reclamó.
Por su parte, la ministra Campero calificó de chantaje de los médicos contra el Gobierno. “Me parece injusto que quieran chantajear al Gobierno Central y al Legislativo por el decreto supremo, con un paro indefinido (…) hay una finalidad política para movilizar a los médicos de base”, apuntó.
domingo, 10 de diciembre de 2017
Centros privados aún no son investigados por caso Hospital Obrero
Las investigaciones de la Policía dan cuenta que existen órdenes de laboratorio para, al menos, cuatro centros privados de salud, como la Caja Bancaria, el CIES - Salud Sexual Salud Reproductiva, el Hospital Metodista y el Consultorio de la Mujer • Según las declaraciones de las mismas implicadas, ahora detenidas de forma preventiva, de 30.000 órdenes de laboratorio que se realizaron, 18.000 eran para pacientes particulares
Al menos cuatro centros privados de salud están implicados en el caso de desvío de insumos en el Hospital Obrero donde se realizaban análisis de pacientes que no pertenecían o estaban asegurados en la Caja Nacional de Salud (CNS). Según información de la Policía al que accedió EL DIARIO, estos centros aún no son investigados.
El pasado 31 de octubre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó un operativo en el que arrestó a 14 personas y se procedió a la incautación de una serie de documentos y material químico, muestras biológicas y equipos de computación.
De las 14, seis personas fueron imputadas y sometidas a medidas cautelares de las cuales solo tres están en la cárcel y las demás se beneficiaron con medidas sustitutivas.
Entre las detenidas en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) están las principales implicadas, la exjefe del Servicio de Patología de este centro médico, Martha Calderón, y las técnicos de laboratorio Kathusia Alfaro y Virginia Apaza.
La hipótesis del Ministerio Público señala que Calderón junto a todo el equipo del Servicio de Patología y protección de sus superiores, en los laboratorios de citología del Hospital Obrero, realizaba análisis de pacientes que no pertenecían a la CNS.
PRIVADOS
El mayor Fernando Guarchi informó que hasta la pasada semana se ha cumplido con la citación de otros funcionarios del Hospital Obrero que, se presume, trabajaban bajo las órdenes de Calderón y con los que, al parecer, en mayo, destruyeron pruebas y formatearon el disco duro de uno de los equipos de Calderón, antes de que la Unidad de Transparencia de CNS intervenga el Servicio de Patología, dejando sin pruebas una primera denuncia.
Pero en el operativo realizado el 31 de octubre, se verificó que los funcionarios continuaban realizando análisis de pacientes externos.
De lo colectado, se ha revelado que existen órdenes de laboratorio de al menos cuatro centros privados de salud, como la Caja Bancaria, el CIES - Salud Sexual Salud Reproductiva, el Hospital Metodista y el Consultorio de la Mujer.
Para estos análisis, se empleaban insumos del Hospital Obrero y, según las declaraciones de las mismas implicadas, de 30.000 órdenes de laboratorio que se realizaron, 18.000 eran de pacientes particulares.
NO RESPONDEN
EL DIARIO ha tratado de lograr respuesta de los mencionados centros y, hasta la fecha, ninguno ha dado respuesta sobre la posición legal que asumirán.
Sin embargo, en el caso específico de CIES y la Caja Bancaria, estos centros de salud negaron tener conocimiento de que sus órdenes de trabajo o muestras biológicas de sus pacientes se hayan realizado en el Hospital Obrero.
AMENAZAS
El caso, según información de la Fiscalía, fue reasignado a otro fiscal, luego de que la titular, Lilian Calderón, fuera suspendida debido a un escándalo de orden personal que derivó en su detención.
El cambio, según la Policía, puede afectar en la investigación de estos centros privados.
Pero más grave, las modificaciones de fiscales, se dan luego de que la representante del defensor del Pueblo de La Paz, Teresa Zubieta, denunció amenazas de muerte contra tres funcionarios del Hospital Obrero de quienes guarda en reserva su identidad pero se maneja que son testigos clave dentro del caso.
Zubieta aseveró que aún no se ha tomado medidas protectoras para estas personas, pero adelantó que se han recibido las denuncias verbales y se trabaja en otro tipo de proceso legal.
DAÑO ECONÓMICO
Como uno de los últimos datos conocidos en la segunda audiencia cautelar contra otros imputados, sumando 11 los procesados, la fiscal Calderón reveló que el daño económico que causó la red de tráfico de servicios en la Unidad de Patología asciende a unos 15 millones de dólares.
Este cálculo obedece al tiempo en el que la principal sospechosa estaba a cargo del Servicio de Patología que fue de cinco años.
Dentro de las declaraciones, se reveló que, a pedido de la doctora Calderón, contrató más personal para que realicen análisis que se desviaban a particulares.
“Habiendo sacado un promedio aproximado y en desconocimiento total de las cantidades (de dinero) que habrían cobrado los coimputados, en los cargos que se encontraban, se tiene que, aproximadamente, habrían obtenido tres millones de dólares de forma anual”, explicó la fiscal Calderón, como figura en la transcripción de la audiencia cautelar.
Las investigaciones han revelado que Calderón, en colaboración con la técnico Alfaro, abrió laboratorios privados que a su vez firmaron contratos con entidades de salud como la Caja Bancaria y CIES para el análisis de muestras biológicas.
En el caso de CIES, el detalle revela que Calderón se adjudicó los análisis de Papanicolaou de todos sus pacientes.
En contrapartida, el fiscal Marco Vargas aseguró que el análisis de muestras particulares en instalaciones del Hospital Obrero se hacían de forma tan irregular que se verificó el caso de una paciente a la que se le diagnosticó cáncer sin estarlo.
Al menos cuatro centros privados de salud están implicados en el caso de desvío de insumos en el Hospital Obrero donde se realizaban análisis de pacientes que no pertenecían o estaban asegurados en la Caja Nacional de Salud (CNS). Según información de la Policía al que accedió EL DIARIO, estos centros aún no son investigados.
El pasado 31 de octubre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó un operativo en el que arrestó a 14 personas y se procedió a la incautación de una serie de documentos y material químico, muestras biológicas y equipos de computación.
De las 14, seis personas fueron imputadas y sometidas a medidas cautelares de las cuales solo tres están en la cárcel y las demás se beneficiaron con medidas sustitutivas.
Entre las detenidas en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) están las principales implicadas, la exjefe del Servicio de Patología de este centro médico, Martha Calderón, y las técnicos de laboratorio Kathusia Alfaro y Virginia Apaza.
La hipótesis del Ministerio Público señala que Calderón junto a todo el equipo del Servicio de Patología y protección de sus superiores, en los laboratorios de citología del Hospital Obrero, realizaba análisis de pacientes que no pertenecían a la CNS.
PRIVADOS
El mayor Fernando Guarchi informó que hasta la pasada semana se ha cumplido con la citación de otros funcionarios del Hospital Obrero que, se presume, trabajaban bajo las órdenes de Calderón y con los que, al parecer, en mayo, destruyeron pruebas y formatearon el disco duro de uno de los equipos de Calderón, antes de que la Unidad de Transparencia de CNS intervenga el Servicio de Patología, dejando sin pruebas una primera denuncia.
Pero en el operativo realizado el 31 de octubre, se verificó que los funcionarios continuaban realizando análisis de pacientes externos.
De lo colectado, se ha revelado que existen órdenes de laboratorio de al menos cuatro centros privados de salud, como la Caja Bancaria, el CIES - Salud Sexual Salud Reproductiva, el Hospital Metodista y el Consultorio de la Mujer.
Para estos análisis, se empleaban insumos del Hospital Obrero y, según las declaraciones de las mismas implicadas, de 30.000 órdenes de laboratorio que se realizaron, 18.000 eran de pacientes particulares.
NO RESPONDEN
EL DIARIO ha tratado de lograr respuesta de los mencionados centros y, hasta la fecha, ninguno ha dado respuesta sobre la posición legal que asumirán.
Sin embargo, en el caso específico de CIES y la Caja Bancaria, estos centros de salud negaron tener conocimiento de que sus órdenes de trabajo o muestras biológicas de sus pacientes se hayan realizado en el Hospital Obrero.
AMENAZAS
El caso, según información de la Fiscalía, fue reasignado a otro fiscal, luego de que la titular, Lilian Calderón, fuera suspendida debido a un escándalo de orden personal que derivó en su detención.
El cambio, según la Policía, puede afectar en la investigación de estos centros privados.
Pero más grave, las modificaciones de fiscales, se dan luego de que la representante del defensor del Pueblo de La Paz, Teresa Zubieta, denunció amenazas de muerte contra tres funcionarios del Hospital Obrero de quienes guarda en reserva su identidad pero se maneja que son testigos clave dentro del caso.
Zubieta aseveró que aún no se ha tomado medidas protectoras para estas personas, pero adelantó que se han recibido las denuncias verbales y se trabaja en otro tipo de proceso legal.
DAÑO ECONÓMICO
Como uno de los últimos datos conocidos en la segunda audiencia cautelar contra otros imputados, sumando 11 los procesados, la fiscal Calderón reveló que el daño económico que causó la red de tráfico de servicios en la Unidad de Patología asciende a unos 15 millones de dólares.
Este cálculo obedece al tiempo en el que la principal sospechosa estaba a cargo del Servicio de Patología que fue de cinco años.
Dentro de las declaraciones, se reveló que, a pedido de la doctora Calderón, contrató más personal para que realicen análisis que se desviaban a particulares.
“Habiendo sacado un promedio aproximado y en desconocimiento total de las cantidades (de dinero) que habrían cobrado los coimputados, en los cargos que se encontraban, se tiene que, aproximadamente, habrían obtenido tres millones de dólares de forma anual”, explicó la fiscal Calderón, como figura en la transcripción de la audiencia cautelar.
Las investigaciones han revelado que Calderón, en colaboración con la técnico Alfaro, abrió laboratorios privados que a su vez firmaron contratos con entidades de salud como la Caja Bancaria y CIES para el análisis de muestras biológicas.
En el caso de CIES, el detalle revela que Calderón se adjudicó los análisis de Papanicolaou de todos sus pacientes.
En contrapartida, el fiscal Marco Vargas aseguró que el análisis de muestras particulares en instalaciones del Hospital Obrero se hacían de forma tan irregular que se verificó el caso de una paciente a la que se le diagnosticó cáncer sin estarlo.
domingo, 3 de diciembre de 2017
Médicos aceptaron diálogo con Gobierno
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, informó ayer que su sector determinó aceptar el inicio de la mesa de diálogo con la ministra de Salud, Ariana Campero, el día martes en la ciudad de Santa Cruz, previa abrogación del Decreto Supremo 3385 que crea la Autoridad de Fiscalización y Control de Salud.
“Aceptamos la instalación de las mesas de trabajo en base a tratar el Decreto Supremo de foja cero”, indicó.
La ministra Campero convocó a los profesionales y médicos para el lunes 4 de diciembre en horas de la tarde en la ciudad de Cochabamba, sin embargo lo galenos sugieren que el diálogo se realice en la ciudad cruceña el martes 5 de diciembre a las 09.00.
“Si ya se va a cambiar el decreto supremo, así sea una coma, una parágrafo o prácticamente una letra, ya estamos hablando de un nuevo Decreto Supremo, entonces si vamos a trabajar con esa proyección, estamos hablando de un nuevo decreto, estamos trabajando de foja cero”, sostuvo.ambién informó que mientras se instale el diálogo la huelga general indefinida continuará a nivel nacional y las manifestaciones se reiniciarán desde el próximo lunes.
“Se ha decidido, en las asambleas, hacer el paro general indefinido porque no hemos visto muestras claras de la solución, de la misma manera una vez instalada las mesas seguramente se convocará a las asambleas para informar cómo marcha esto y estas serán quienes determinen la suspensión o no, de acuerdo al avance que se dé”, aseveró.
Los médicos del país insistieron el viernes en la abrogación del Decreto Supremo 3385, que modifica la norma 3091 sobre la Autoridad de Fiscalización y Control en Salud, para asistir a dialogar con el Gobierno y levantar el paro indefinido del sector.
“La solución pasa por la anulación de este Decreto 3385 y pasa por sentarse en una mesa de diálogo y elaborar un nuevo decreto. Mientras no suceda eso lastimosamente no nos podemos reunir”, dijo a los periodistas el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.
El Ministerio de Salud convocó a los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia a restablecer el siguiente lunes en Cochabamba el diálogo para encontrar soluciones a sus demandas y restituir el servicio de salud que fue interrumpido hace más de una semana por un paro indefinido.
Larrea explicó que los médicos no se pueden reunir para evaluar la convocatoria de la ministra de Salud, Ariana Campero, por el Auto de Buen Gobierno de las elecciones judiciales del 3 de diciembre.
Los médicos acatan un paro nacional indefinido desde el 23 de noviembre, una medida que afecta a unos 50.000 pacientes.
Además indicó que cualquier diálogo con el Gobierno debe realizarse en la ciudad de La Paz.
El galeno aclaró que ese sector no se opone a la creación de la Autoridad de Fiscalización, pero dijo que este debe ser un ente neutral, idóneo, profesional y que castigue a los que administran la salud y no a los médicos.
“Aceptamos la instalación de las mesas de trabajo en base a tratar el Decreto Supremo de foja cero”, indicó.
La ministra Campero convocó a los profesionales y médicos para el lunes 4 de diciembre en horas de la tarde en la ciudad de Cochabamba, sin embargo lo galenos sugieren que el diálogo se realice en la ciudad cruceña el martes 5 de diciembre a las 09.00.
“Si ya se va a cambiar el decreto supremo, así sea una coma, una parágrafo o prácticamente una letra, ya estamos hablando de un nuevo Decreto Supremo, entonces si vamos a trabajar con esa proyección, estamos hablando de un nuevo decreto, estamos trabajando de foja cero”, sostuvo.ambién informó que mientras se instale el diálogo la huelga general indefinida continuará a nivel nacional y las manifestaciones se reiniciarán desde el próximo lunes.
“Se ha decidido, en las asambleas, hacer el paro general indefinido porque no hemos visto muestras claras de la solución, de la misma manera una vez instalada las mesas seguramente se convocará a las asambleas para informar cómo marcha esto y estas serán quienes determinen la suspensión o no, de acuerdo al avance que se dé”, aseveró.
Los médicos del país insistieron el viernes en la abrogación del Decreto Supremo 3385, que modifica la norma 3091 sobre la Autoridad de Fiscalización y Control en Salud, para asistir a dialogar con el Gobierno y levantar el paro indefinido del sector.
“La solución pasa por la anulación de este Decreto 3385 y pasa por sentarse en una mesa de diálogo y elaborar un nuevo decreto. Mientras no suceda eso lastimosamente no nos podemos reunir”, dijo a los periodistas el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.
El Ministerio de Salud convocó a los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia a restablecer el siguiente lunes en Cochabamba el diálogo para encontrar soluciones a sus demandas y restituir el servicio de salud que fue interrumpido hace más de una semana por un paro indefinido.
Larrea explicó que los médicos no se pueden reunir para evaluar la convocatoria de la ministra de Salud, Ariana Campero, por el Auto de Buen Gobierno de las elecciones judiciales del 3 de diciembre.
Los médicos acatan un paro nacional indefinido desde el 23 de noviembre, una medida que afecta a unos 50.000 pacientes.
Además indicó que cualquier diálogo con el Gobierno debe realizarse en la ciudad de La Paz.
El galeno aclaró que ese sector no se opone a la creación de la Autoridad de Fiscalización, pero dijo que este debe ser un ente neutral, idóneo, profesional y que castigue a los que administran la salud y no a los médicos.
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