Abortos clandestinos se imponen a los legales

ACCESO AL ABORTO

Pese a que los casos puedan tener asidero legal, el acceso al aborto en algunos casos es restringido por lo que las víctimas de violencia sexual no ejercen esa opción.

En Bolivia hay trabajadores sanitarios que prefieren asistir a una mujer si tiene complicaciones en un aborto clandestino a realizar uno seguro, incluso cuando sea por razones estipuladas legalmente.

"Los médicos solamente están ahí para salvar a la mujer en caso de que se encuentre en riesgo, pero no asumen la responsabilidad de practicar el aborto", dijo en la presentación del estudio "Entre el discurso, la práctica y el derecho a decidir de las mujeres", su autora, Noelia Gómez Téllez.

Así, el estudio cita como ejemplo las palabras de un ginecólogo que dijo que "ahora se ha puesto más fácil, las mujeres ya vienen abortadas y a lo mucho vienen con hemorragias por el uso del misoprostol (fármaco que causa el aborto)".

"Para los médicos es más fácil no tener que asumir ese tipo de responsabilidades", añadió la investigadora.

El estudio consistió en realizar 14 entrevistas en profundidad a personal sanitario (nueve mujeres y cinco hombres) de Cochabamba (centro), Trinidad (norte) y La Paz, por lo que la autora afirmó que los "resultados no son generalizables" y "no representan" a la totalidad pero dan "una idea de cómo se están enfocando estos temas".

El estudio está desarrollado por el Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir y contó con el apoyo de la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la ONG Alianza por la Solidaridad.

Desde que el Tribunal Constitucional emitió un fallo en 2014, la interrupción legal del embarazo en Bolivia está permitida en dos supuestos, en los que no es necesario autorización judicial: cuando el mismo sea producto de una violación, incesto o estupro y cuando esté en riesgo la vida y salud de la madre.

Del personal médico consultado, no todos están de acuerdo con la sentencia del Constitucional y tratan de persuadir a las mujeres que quieren abortar de forma legal, aconsejándolas que vayan por la sanidad privada porque "es más rápido" u objetando y alargando el proceso, según la investigadora.

Por otro lado, Gómez destacó que la Policía también trata de impedir que las mujeres aborten no aceptando sus denuncias o no dándoles la copia de las mismas para que no la presenten en un centro médico.

Además, a pesar de que el personal sanitario afirma que las mujeres tienen derecho a decidir, en última instancia algunos médicos buscan el consentimiento de las parejas para realizar intervenciones sobre el cuerpo de las mujeres.

En este sentido, el informe destacó el testimonio de una enfermera de Trinidad que le pidió a su médico que tras su primer embarazo le ligase las trompas y éste no lo hizo porque cuando preguntó al marido si estaba de acuerdo el hombre dijo que no.

La directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Tania Nava, recordó que el aborto clandestino es la tercera causa de mortalidad materna y que en Bolivia se practican 185 abortos ilegales al día, lo que lo convierte en un "problema de seguridad" muy importante.

Y alabó la sentencia del Constitucional que estipula los supuestos en un país que es el segundo de toda Latinoamérica con mayores tasas de violencia sexual.

El primer aborto legal fue en Sucre, pero los casos son confidenciales

En Chuquisaca la realidad no es distinta a la de otras ciudades del país, pues el aborto sigue siendo un “tabú” a la hora de tratarlo. Varias organizaciones feministas han optado por orientar a las mujeres víctimas de violaciones para que accedan –por la vía vigente–, a solicitar la interrupción legal de su embarazo, al ser un derecho constitucional. Pero lamentablemente no hay un registro exacto de los casos que se atienden.

En 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal, 56, 245 (primer párrafo), 258 y 266. En el último artículo, que se refiere al aborto impune, se declaró inconstitucionales las partes que requerían iniciar una acción penal y la de tener una orden judicial.

Ahora, el aborto legal o impune se puede realizar con la denuncia ante autoridad competente (Fiscalía), sobre un hecho de violación, estupro e incesto, o en caso de que la vida de la mujer esté en peligro. Con el documento respectivo de su denuncia o estado, la víctima podrá asistir a los centros de salud (públicos o privados) para realizarse la interrupción del embarazo, previo exámenes de verificación.

En ese sentido, y con asistencia del Centro Juana Azurduy, en abril de 2015, una adolescente de 13 años que fue violada por su tío, logró que los galenos del hospital Ginecoobstétrico realizaran la interrupción legal del embarazo, siendo el primero en practicarse en Bolivia, luego de la sentencia del TCP.

Por su parte, la representante de la Organización de mujeres Libertarias, Cleidy Torres, dijo que los casos de aborto son confidenciales y que sólo se limitan a brindar orientación psicológica y legal, a las mujeres de entre 18 y 25 años de edad que abortaron.