Los servicios de salud en Bolivia están paralizados hace 21 días por una manifestación de médicos que rechaza dos normas: un decreto y un artículo del proyecto de Código Penal.
Te explicamos en tres puntos, y a grandes rasgos, a qué se oponen los médicos y por qué pararon sus actividades desde el 23 de noviembre:
1. Una nueva entidad que regule el sistema de salud.
El Gobierno creará la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social, entidad encargada de regular y controlar a los servicios médicos públicos, los centros privados y la Seguridad Social de Corto Plazo (por ejemplo, las Cajas de Salud, el Sinec y los Seguros Sociales Universitarios).
Esta nueva oficina, que estará en todo el país, tiene la facultad de realizar auditorías para fiscalizar el funcionamiento y la atención a los pacientes en todos los centros médicos del país.
Viene a ser un equivalente a la ASFI, que fiscaliza el trabajo de los bancos, pero para el sistema de salud.
2. Los precios de las consultas.
El segundo punto que inquieta a los médicos es el referido a los aranceles. El Gobierno regulará los precios de las consultas médicas privadas a través de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social y en coordinación con los Servicios Departamentales de Salud.
La ministra de Salud, Ariana Campero, afirma que el Gobierno no pretende ir en contra de los privados y tampoco busca hacer entrar crisis económica a ninguna clínica privada pero considera que las tarifas deben ser reguladas y consensuadas con el sector.
3. Sanciones cuando causen daño a los pacientes
El artículo 205 del proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal endurece las sanciones contra los médicos que dañen la salud del paciente, o le causen la muerte, por una mala práctica profesional.
La norma establece resarcimiento económico, el cumplimiento de instrucciones judiciales (como por ejemplo trabajo comunitario) y pena cárcel en casos de lesiones muy graves o muerte. Las sanciones de prisión irán entre 2 y 6 años, según cada caso.
El médico quedará libre de responsabilidad penal si, por ejemplo, no hubiera tenido a su disposición los medios técnicos indispensables para hacer su trabajo o cuando el daño en el paciente sea consecuencia de otros riesgos o reacciones difíciles de prever por el especialista.
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