Una trabajadora social, que desempeñaba labores en el Servicio de Patología del Hospital Obrero, realizaba depósitos bancarios para una de las principales implicadas en el caso de desvío de insumos en la Caja Nacional de Seguros (CNS), para realizar análisis de pacientes de clínicas privadas.
De acuerdo a la relación de hechos y la hipótesis planteada por la Fiscalía, las irregularidades cometidas al interior del Servicio de Patología, era de conocimiento de todo el personal y las declaraciones de testigos dan una idea de cuál era la estructura y cómo funcionaba la red de corrupción.
Dentro de esos hallazgos se presume también el tráfico de influencias para nombramientos de técnicos de laboratorio e internistas a quienes los testigos afirman se premiaba con viajes al exterior.
Entre el personal que trabajaban a disposición de la red, como lo afirmó la fiscal Lilian Calderón (ahora retirada del cargo por conflictos personales), está la trabajadora social, Virginia Rodríguez, a quien la señala como la responsable de la contabilidad y el depósito de dinero a nombre de la principal implicada, la jefe de laboratorio Martha Calderón.
“Que la imputada Virginia Rodríguez Bustillos, tiene la profesión de trabajadora social y que cumplía funciones de manera irregular en dependencias del Servicio de Patología”, se lee en la fundamentación de la imputación presentada.
“Que por declaraciones de testigos y otros, dentro del presente proceso se tiene que todos manifiestan que la señora Virginia Rodríguez, era persona de confianza de la coimputada Martha Calderón y que conocía de todas las ilegalidades (…) y que estaría realizando depósitos bancarios para dicha coimputada desconociendo la procedencia de dichos dineros, por lo que tendría pleno conocimiento de montos de dinero en forma detallada”, asegura el documento.
Fuentes a las que tuvo acceso nuestro medio, señalan que Rodríguez fue nombrada como responsable del programa de cáncer cérvido uterino, pero no cumplía ninguna labora en beneficio de las pacientes del seguro médico.
NO RESPONDEN
En noviembre, nuestro medio trató de tener la versión de la médico Calderón, pero esta negó hacer declaraciones y su abogada, Mónica Ramírez, se refirió a la presentación de recursos de nulidad.
La abogada señaló que el 31 de octubre, cuando se realizó el operativo policial donde resultaron arrestadas 14 personas entre ellas su cliente, se violaron varios protocolos de la acción directa.
Entre las objeciones a ese procedimiento, Ramírez señaló la apertura y lectura de mensajes de texto en los celulares de los imputados.
ALLANAMIENTO
La Fiscalía, en cambio, sostiene que esos mensajes permitieron esclarecer el nivel de participación de otra de las implicadas, como es Kathusia Alfaro cuyo domicilio, ubicado en la zona Miraflores, se allanó y encontraron “sustancias controladas” que solo podían provenir del Hospital Obrero y son utilizados para el análisis de laboratorio de las muestras biológicas.
En esa línea, se estableció que Alfaro, al igual que Calderón, tenía un laboratorios privados donde recibía trabajos mediante la firma de convenios con otros centro privados como el CIES, la Caja Bancaria, la Clínica de la Mujer y otros,
Sin embargo, de forma preliminar la Policía ha constado que los mismos no cuentan con registros sanitarios ni licencias para el manejo de ese tipo de insumos.
DAÑO ECONÓMICO
Entre los datos relevantes, está el daño económico que se presume causó la red de tráfico de servicios en la Unidad de Patología de unos 15 millones de dólares.
Cálculo elaborado según el tiempo en el que Martha Calderón, fue nombrada como a cargo del laboratorio de Citología del Servicio de Patología que fue de cinco años.
En el presente caso, se tiene a 11 imputados, entre ellos el exdirector del Hospital, Alfonso Padilla y el exjefe del Servicio Omar Oliden, ambos con medidas sustitutivas.
PRUEBAS DESTRUIDAS
Entre las últimas averiguaciones hechas por la Policía, está la toma de declaraciones de otros 8 funcionarios de bajo nivel, algunos señalados también como cómplices de la destrucción de pruebas en mayo pasado.
Las denuncias habían llegado a la Fiscalía en abril, pero el caso no prosperó y la Fiscalía asegura que los ahora investigados desviaron el proceso investigativo.
Se maneja que a fin de evitar ser descubiertos, dos días antes del operativo encabezado por la CNS, Calderón ordenó la destrucción de al menos ocho cajas que contenían muestras biológicas procesadas en el laboratorio del Hospital Obrero, pero que pertenecían los pacientes de los centros médicos con los que trabajan de forma particular.
En la última semana, lo último que se registró en el caso, fue el pedido de cesación a la detención preventiva para salir de la cárcel, solicitada por Calderón, Rodríguez y Alfaro la cual no se había desarrollado por problemas en las notificaciones.
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