domingo, 26 de febrero de 2017

Solo el 5% de las denuncias de mala praxis son resueltas


Paúl Burton Salvatierra, de 24 años, jugador de Oriente, ingresó a la clínica Incor el 22 de noviembre del año pasado para someterse a una cirugía de hernia de disco, un procedimiento aparentemente sencillo. Días después, el país supo que el jugador había fallecido como consecuencia de una hemorragia interna, posiblemente causada por la perforación de una arteria, que lo llevó a una muerte cerebral. Su familia inició un proceso y la Fiscalía imputó al médico José David Áñez Durán, pero el galeno fue declarado en rebeldía al no presentarse a asumir su defensa.


Jimmy Oropeza Turner lleva casi dos años en busca de justicia para su hijo, de 14 años, que murió el 23 de junio de 2015 en el Oncológico, no por la obstrucción en la médula espinal que lo aquejaba, sino por una bacteria intrahospitalaria, según la denuncia.


De acuerdo con Oropeza, su caso está estancado porque se espera una auditoría médica, que, en primera instancia fue solicitada al Servicio Departamental de Salud (Sedes), pero como esta instancia no puede ser juez y parte en el caso (el Oncológico depende de la Gobernación) se derivó la solicitud al Ministerio de Salud, que a su vez la transfirió al Inases, instancia que argumentó que los hospitales públicos no son de su competencia. “Esta es una de las barreras en casi la mayoría de los casos, las auditorías suelen ser procesos morosos”, afirma.


En los últimos 25 años, el Comité de Lucha Contra la Negligencia Médica en Bolivia ha registrado 5.000 casos de presunta negligencia médica o mala praxis en el país, algo así de 200 por año. De estos, solo el 5% ha tenido resolución legal favorable a las víctimas y se sabe de al menos cuatro casos concluyeron con sentencias condenatorias. Pese al bajo porcentaje, esto es considerado histórico para el comité, ya que ha quedado demostrado que las familias pueden conseguir justicia, dice su presidente Víctor Hugo Llanos, que lleva seis años como rostro visible del movimiento.


Llanos es un padre que perdió a su hijo por presunta negligencia médica, pero no habla mucho de su caso. Él se considera un vocero de todas las víctimas. “Es un tema lacerante. Esa experiencia de dolor hace que uno se identifique con la gente. Es muy doloroso perder a un ser querido”, afirma.


Para el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, las cifras que maneja dicho comité no son serias, pues en el país no hay una institución que lleve un registro sobre las denuncias y procesos que ingresan a los estrados judiciales.

Más de 20 procesos
En Santa Cruz, solo una de las dos corporativas del Ministerio Público que ve estos casos dentro del cuarto anillo ha llevado desde febrero de 2016 hasta la fecha más de 20 procesos relacionados con la práctica médica. De estos, 10 están en etapa de investigación, cuatro con imputación y ocho con acusación. De estos últimos, cuatro se encuentran en juicio oral y el resto, a la espera del auto de apertura de juicio. Hay otros procesos que ya han concluido, con sentencias, informó el fiscal José Parra.


Los casos de presunta negligencia médica se tratan como delitos comunes, es decir, como lesiones graves y gravísimas culposas y homicidio culposo en caso de muerte (con pena de uno a cinco años de prisión). Son considerados presuntos actos culposos porque no hay intención del profesional en causar daño, explica Parra.

Demandan una ley
Ante estos casos, el comité ha reactivado su lucha para la aprobación del proyecto de Ley de Regulación de la Prestación de Servicios de las Entidades de Salud Públicas y Privadas, que está en la Comisión de Educación y Salud de la Cámara Baja, al igual que otro proyecto, que buscan frenar los casos de negligencia médica.


Para Llanos, la ley que impulsa el comité “ataca el meollo del problema, que es la estructuración de los servicios de salud, especialmente de las clínicas”, y, además, establece resarcimiento económico para las víctimas y mecanismos de regulación de los servicios. “Hay normas que regulan la actividad profesional, pero hace falta un código de procedimiento y que se dé mayor respaldo al código penal y civil para que se pueda encontrar justicia”, dice Llanos.

“La medicina es de medios”
“La práctica de la medicina es de medios y no de resultados; depende de los medios que nosotros tengamos para un probable resultado”, argumenta el titular del Colegio Médico, que afirma que no se pueden crear normas específicas para el acto médico, sino que “el espíritu de la ley debe contemplar otros aspectos que hacen la práctica médica, como las condiciones de infraestructura y de equipamiento de los centros de salud, así como el estado y respuesta del paciente a un tratamiento. “Hay una gran deficiencia de equipamiento y de infraestructura, principalmente en los establecimientos públicos”, agrega.


El sector también demanda que resultados adversos sean investigados en base a un debido proceso, “pues nos encontramos con un aparato de justicia, que lo primero que hace es privar de libertad al profesional y luego indagar”, dice Montero

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