La atención gratuita de las mujeres en los 547 centros de salud y hospitales públicos del departamento, respaldada por cinco leyes nacionales, se cumple a medias debido a la falta de médicos y recursos económicos para la adquisición de algunos insumos.
La responsabilidad recae en los gobiernos autónomos departamentales y municipales, en el marco de la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia del 30 de diciembre de 2013, respaldada por la Resolución Ministerial 1894 del 31 de diciembre de 2014. Se dispone que mejoren su capacidad resolutiva en infraestructura, recursos humanos y equipamiento “para darle funcionalidad a las prestaciones establecidas”.
También señala que los gobiernos municipales podrán realizar contrataciones y asignación de ítems para profesionales en medicina física y rehabilitación, fisioterapia, psicología, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, trabajo social y otros especialistas.
LAS LEYES
Son cinco leyes que respaldan a la mujer en su derecho a la salud. La primera permite una tolerancia remunerada de un día para las mayores de 18 años para someterse a un examen médico de Papanicolaou y/o mamografía. La segunda es para la prueba rápida de la detección del VIH a toda mujer embarazada. También están las normas para la anticoncepción gratuita, donde se incluyen algunos métodos nuevos.
Finalmente están el Bono Juana Azurduy de Padilla y el SUMI, hoy Seguro Integral de Salud.
LA SITUACIÓN
El año pasado, según el informe de gestión, la ejecución física financiera de la mayoría de los centros hospitalarios fue del 50 por ciento , lo que significa que utilizaron la mitad de sus recursos, pese a las demandas que se tienen permanentemente y son de conocimiento público (falta de medicamentos, equipos sin utilizar por falta de repuestos, etc.). El 100 por ciento del porcentaje de ejecución lo tuvieron los centros hospitalarios de Punata, Puerto Villarroel y Villa Tunari.
Se justificó esta situación señalando que la burocracia impide avanzar o que las competencias no están bien definidas y fueron cambiando en lo que se refiere a la administración, lo que puede o no ser cierto, pero las más afectadas en este caso son las mujeres.
Desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) se evidenció que no hay reactivos para algunas pruebas como la Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) o la oferta de métodos anticonceptivos, como los implantes hormonales. A su vez, no existen médicos especializados en la atención de pacientes con cáncer (oncólogos clínicos y cirujanos) o personal para laboratorio de citología del hospital Maternológico para el procesamiento de la prueba de papanicolaou. Los resultados tardan en ser entregados hasta un mes.
En el mismo centro médico hay el equipo para realizar la mamografía, pero no se cuenta con el radiólogo para la lectura del examen. No se presentaron a la convocatoria pública.
RESPONSABILIDADES
En el marco de la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la adquisición de medicamentos y otros insumos, como los anticonceptivos, es de responsabilidad de cada uno de los 47 municipios de Cochabamba.
Los recursos humanos son responsabilidad del Gobierno Central, de los departamentales y municipales.
Los hospitales de tercer nivel fueron transferidos, hace tres años a la Gobernación para su manejo administrativo y de los recursos humanos, en el marco de la Ley departamental 285 del 27 de diciembre del 2012.
La responsable de Salud Sexual y Reproductiva del Sedes, Nancy Castillo, aclaró que la función de este Servicio se rige en la capacitación para la implementación de algunas normas legales, protocolos, procedimientos, así como la gestión del conocimiento y/o capacitación del recurso humano, el monitoreo y la supervisión de la aplicación en los servicios de primer nivel públicos y privados de una atención de calidad e integral. Ahora queda que el personal de salud cumpla con sus obligaciones.
Considera que para garantizar una atención de calidad, como corresponde, es necesario la acreditación de los diferentes centros hospitalarios. Actualmente hay 547, entre privados y públicos y de seguridad social, de los cuáles solo 20 cumplen con todos los estándares, medidas de seguridad y otros requerimientos. De estos 20, 10 son privados.
La RM 690 excluye 18 prestaciones
La Resolución Ministerial 690, del 13 de junio de 2012, excluye 18 prestaciones de salud hasta que se apruebe la Ley del Sistema Único de Salud. Esto significa que no hay atención gratuita para anorexia, bulimia, catarata senil, conducta suicida, demencia, parkinson, esclerosis múltiple, osteoporosis, artrosis, psicosis y otros males.
Certificado como prueba de violencia
El Ministerio de Salud aprobó la Resolución Ministerial 1565, por el cual instruye a los establecimientos de salud, emitir el Certificado Único a favor de toda mujer que haya sufrido algún tipo de violencia. El documento, con valor legal, debe ser otorgado de forma gratuita y a solicitud de la persona afectada.
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