“No somos asesinos”. Con esa consigna, médicos,
enfermeras y personal de apoyo del Hospital del Niño declararon al
mediodía de ayer un paro indefinido con el que exigen la liberación del
equipo imputado por el infanticidio de Alexander y por complicidad.
El sábado, la Fiscalía imputó a siete personas por el fallecimiento, la
noche del jueves, de Alexander Ch. V., un bebé de ocho meses que estaba
internado en el Hogar Virgen de Fátima de La Paz. La juez Lía Cardoso
ordenó la detención preventiva de Madeleine Paola P. Ch. (del
establecimiento de acogida) en el centro de rehabilitación de Calahuma y
de las enfermeras Naty Ch. B. y Martha T. A. en los centros de
Orientación Femenina de Obrajes y Miraflores, respectivamente. A las
tres se les acusa de infanticidio.
La enfermera
Isabel C. C., la médico Sandra D. M. C., el estudiante Darío R. T. y el
médico José Luis D. A. son acusados de encubrimiento y están con
detención domiciliaria. El paro que comenzó ayer no implica la
suspensión del servicio de emergencias, informó Joseph Henao, director
de ese nosocomio. Los directores del Hospital de la Mujer, Gustavo
Marconi; del Instituto Nacional de Oftalmología, Joel Moya; del
Instituto Nacional del Tórax, Germán Villavicencio; del
Gastroenterológico, Ernesto Loza, y el de Clínicas, Jorge Juaniquina,
dieron su apoyo moral a sus colegas Del Niño.
La
asamblea que decidió adoptar la medida de presión, también votó por
contratar abogados para que defiendan a sus colegas y poner cuotas para
pagar sus servicios, conformar una comisión de médicos especialistas que
solicitará la necropsia del bebé. Además, declaró vigilia permanente y
garantías para el ejercicio de su profesión ante la precariedad del
sistema público de salud.
Henao reiteró que el día
que fue internado Alexander, los ocho cubículos de la Unidad de Terapia
Intensiva (UTI) estaban ocupados y no había espacio para más, motivo por
el que se coordinó su traslado al hospital Juan XXIII. La prioridad era
reanimarle, porque llegó sin signos vitales.
Los
ánimos se enervaron más tras una visita del ministro de Gobierno, Jorge
Pérez; la fiscal Lizeth Zarco y policías investigadores, quienes se
reunieron con la administración del hospital. Allí fueron informados de
cómo trabajan, visitaron la UTI y presenciaron cómo se realiza una
reanimación.
“Hemos estado conociendo dónde fue
atendido el menor, cómo fue atendido”, dijo Pérez. Al concluir la
verificación, Zarco señaló que no estaba autorizada a formular
declaraciones. El pediatra Wilfredo Pastén informó que recibieron apoyo
de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas en Salud Pública, que se
declaró en emergencia.
“Si es que no hay respuesta,
es probable que se sumen a nuestra medida”, advirtió. El Hospital del
Niño cuenta con 300 trabajadores; al día se realiza un promedio de 145
consultas externas. Las emergencias serán atendidas por diez personas,
en dos turnos.
Cocarico no explica contratación de joven
Guadalupe Tapia, Dennis Luizaga
¿Por qué una joven sin experiencia estaba al cuidado de Óscar Alexander
en el Hogar Virgen de Fátima y de otros ocho bebés? ¿Cómo y quién la
contrató? El gobernador de La Paz, César Cocarico, evitó ayer hablar de
Madeleine Paola P. Ch., de 19 años, quien se halla con detención
preventiva.
“Quisiera que hablemos de lo central.
Quisiera que evaluemos si el hecho ocurrió en el hogar o no. Parece que
algunos están tratando de hacer ver que fue en el hogar”. La autoridad
lamentó que se quiera hacer ver al centro de acogida, que depende del
Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), como “sitio de
tortura”.
Cocarico recordó que se inició un proceso
administrativo y se dio vacaciones a la enfermera, al portero y al
médico que atendieron al bebé y negó que se haya removido al personal,
como dijo el viernes el Sedeges. “Si derivan procesos penales, se los
seguirá, muchos que seguramente no continuarán en el hogar”, dijo. Karen
Pereira, asesora legal del Sedeges; Bonny Villca y Celia Agramont,
representante legal y administradora del hogar, respectivamente,
aseguraron que el bebé no fue vejado en el albergue.
Dos directores supervisarán a la comisión de 4 fiscales
Yuvert Donoso
La Fiscalía General del Estado envió a dos directores nacionales para
supervisar el trabajo que realiza la comisión de fiscales que indaga la
muerte del bebé Alexander Ch. V. y cuyo desempeño, reflejado en la
imputación, fue calificado por la ministra de Justicia, Sandra
Gutiérrez, de deficiente. Se trata de directores de Gestión Fiscal y la
Fiscalía Especializada para Atención de Víctimas, Víctor Hugo Cuéllar y
Fabiola Tito, respectivamente.
Ambos se trasladaron
ayer a La Paz para seguir y supervisar que los actos procesales se
realicen con objetividad, legalidad, oportunidad y cumpliendo los
plazos. El Ministerio Público determinó también realizar hoy una
reconstrucción de los hechos ante las contradicciones surgidas en las
declaraciones de los imputados en la muerte del bebé.
Ampliación. El caso fue declarado en reserva. Gutiérrez anunció ayer
que pedirá la ampliación de la investigación a otros tipos penales como
“incumplimiento de deberes, infanticidio, violación y complicidad,
porque la calificación de delitos son provisionales en la imputación y
se pueden modificar en la etapa preparatoria”, explicó.
A su juicio, no solamente hay delitos de infanticidio o encubrimiento,
sino complicidad e incumplimiento de deberes de las personas que
participaron en la evacuación del bebé del Hogar Virgen de Fátima,
quienes lo atendieron en el Hospital del Niño y en el Juan XXIII. “Son
muchas falencias, mucha dejadez en cuanto a la investigación, en cuanto a
la imputación presentada”, afirmó en una entrevista concedida a la red
Uno.
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